Las organizaciones sociales que integran la Plataforma en Defensa del Estado del Bienestar han exigido este domingo "otra manera de salir de la crisis", y frente a los ajustes aplicados por el Gobierno han incidido en que el gasto para mantener los servicios públicos es la mejor inversión que se puede hacer para salir de la crisis.

Representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA) y de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública -dos de las casi 50 organizaciones sociales y sindicales que integran la Plataforma- han leído el manifiesto con el que se ha cerrado la manifestación que ha transcurrido en Madrid contra los ajustes en sanidad y educación.

El manifiesto incide en que el estado del bienestar se basa en la existencia de unos servicios públicos "de calidad, universales y accesibles" y en que los servicios públicos españoles son uno de los sectores productivos más dinámicos y generadores de empleo.

Advierte además ese manifiesto de que el gasto social y la tasa de empleados públicos en España están por debajo de la media europea, y que las decisiones que están adoptando el Gobierno central y autonómicos "ponen en riesgo" ese estado del bienestar "que es patrimonio de la ciudadanía.

De "durísimo recorte" tachan los ajustes en los servicios como sanidad, educación, servicios sociales, atención a la dependencia, seguridad ciudadana o cooperación al desarrollo, y han recordado que la sanidad y la educación se financian mediante impuestos, y son "la mejor forma de redistribución social de la riqueza".

El manifiesto aboga además por la gestión pública directa como mejor fórmula para el acceso universal a los servicios públicos, y denuncia que los recortes repercuten sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.Recortes

El recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa supone, según la Plataforma, un retroceso para salir de crisis, al "masificar" las aulas, reducir la educación infantil entre 0 y 3 años, aumentar las ratios de alumnos por aula, aumentar las horas lectivas, reducir las becas o endurecer los requisitos para lograr una ayuda al estudio.

Estas medidas "obstaculizan el acceso a la educación y suponen, "además de un grave coste social para las familias y la sociedad en general, el anuncio de una generación desaprovechada".

Sobre la sanidad pública, los "recortes" de 7.000 millones previstos por el Gobierno supondrán un aumento de los conciertos privados y de la colaboración público-privada mientras se seguirán cerrando centros y servicios públicos como ambulatorios o servicios de urgencia nocturnos.

Critica además que se condene "con demagogia y sinrazón" a los inmigrantes a no acceder a la tarjeta sanitaria, lo que según esta Plataforma supone incumplir el mandato constitucional de que los poderes públicos garanticen y tutelen la salud pública para el conjunto de la población.Cartera básica

Entre los asuntos "más preocupantes" citan el anuncio del Gobierno de una nueva definición de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, que se dividirá en tres niveles diferenciados: la Cartera común básica de servicios asistenciales, la Cartera común suplementaria y la Cartera común de servicios accesorios, que podrá incorporar un "repago" según el tramo, mediante el aseguramiento privado o el pago efectivo en el momento de la prestación.

La Plataforma ha rechazado las formulas de "copagos y repagos", porque a su juicio recaen sobre quienes no tienen la formación técnica suficiente y sobre los que necesitan más protección: los más enfermos y los más mayores.

Por primera vez en la democracia, han recordado las organizaciones que integran la Plataforma, ocho millones de pensionistas participarán en el copago farmacéutico y se incrementará la aportación de la mayoría de la ciudadanía.

En el manifiesto, denuncian que el Gobierno esté "aprovechando" la coyuntura actual de crisis "como excusa para imponer su modelo social", y advierten que las medidas no aportan ahorro a las arcas públicas y se sustituyen multitud de puestos de trabajo público estables por otros temporales y con muy bajos salarios.

Han pedido al gobierno que revise los plazos de cumplimiento de reducción del déficit para que los recortes no impidan la inversión productiva y el mantenimiento del gasto que garantiza la protección social de los ciudadanos.

El manifiesto concluye exigiendo al Gobierno que deje de gobernar "con imposiciones" y escuche a la ciudadanía.