La religiosa María Gómez Valbuena, sor María, que se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de Madrid que investiga la causa de los 'niños robados', ha asegurado que son completamente falsos los hechos que se le imputan y que le "repugna" la separación bajo amenazas de un recién nacido de su madre.

Así lo ha expresado la monja en una carta abierta a la opinión pública, remitida a la agencia Efe, en la que expresa sus disculpas si no ha sabido "atender correctamente" a los medios de comunicación, tras comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que ha mantenido su imputación por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.

"Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas", señala la religiosa en la carta.

Tras explicar que ha dedicado toda su "larga vida" a ayudar a los más necesitados de manera desinteresada y en cumplimiento de sus profundas convicciones religiosas, la monja, que acaba de cumplir 87 años, traslada su agradecimiento "de corazón" a todas las personas e instituciones que la han apoyado con muestras de afecto, respeto y consideración.

Por último, María Gómez Valbuena, a la que María Luisa Torres acusa de haberle arrebatado a su hija recién nacida en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982, indica en la misiva que espera que la situación por la que está pasando "se resuelva a la mayor brevedad".

De momento, el juez Adolfo Carretero ha citado mañana a declarar como testigos a los padres adoptivos de esa supuesta "niña robada" y tiene previsto practicar nuevas diligencias.

Por su parte, el abogado de sor María intentó que el magistrado archivara el caso por prescripción del delito, pero Carretero desestimó su petición y ahora ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Así, fuentes de la defensa de la religiosa han señalado que estando pendiente de resolver ese recurso y dado que los hechos denunciados datan de hace 30 años y que sor María, que acaba de cumplir 87 años, asegura que no recuerda nada de lo sucedido entonces, se ha considerado que la mejor opción era ejercer el derecho a no declarar.