Reorganización

Los recortes encienden el debate sobre el modelo autonómico

Cataluña y el País Vasco han defendido las competencias transferidas en educación y sanidad, y Madrid se ha ofrecido a devolverlas.

El anuncio de recortes por valor de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación han provocado un encendido debate sobre el modelo autonómico y el "copago" de las recetas médicas.


Así, Cataluña y País Vasco han recordado al Gobierno que Sanidad y educación son competencias transferidas a las autonomías, mientras que, en contraste, Madrid ha ofrecido devolverlas al Gobierno central junto a las de Justicia.


Además de por las competencias, las autonomías han quedado divididas también entre las gobernadas por el PP, que han apoyado la propuesta, y las que no -Andalucía, Euskadi, Cataluña y Canarias- que han rechazado la aplicación de los ajustes a los servicios sociales.


Al debate se han sumado todos los partidos políticos y en especial el PSOE cuyos dirigentes han calificado los anunciados recortes de "auténtica barbaridad", "improvisación" y "despropósito".


La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha criticado el "el lamentable espectáculo" del anuncio de los recortes a una semana de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que pone de manifiesto que España lleva "tres años de crisis y tres meses de caos".


También el diputado de IU Joan Josep Nuet ha considerado que los recortes son un "autogol" del Gobierno porque enmiendan sus propios presupuestos.


En respuesta a las críticas, los ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, han asegurado que el Gobierno está siguiendo el plan de reformas que se marcó desde que llegó al poder al margen de las turbulencias en los mercados.


Ambos ministros han apuntado también que como parte de los "ajustes" en Sanidad, el Gobierno propondrá a las Comunidades Autónomas un sistema de "copago" de la recetas médicas y la posibilidad de modificar el sistema actual para que esa contribución sea en función de la renta.


El Ejecutivo planteará esta posibilidad a las CCAA en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, convocado para el próximo 18 de abril.


Entre las medidas propuestas por el Ejecutivo también figura la creación de una Agencia Central de Compras de Medicamentos y Productos Sanitarios para tratar de conseguir mejores precios de adquisición y una revisión del "turismo sanitario".


El hecho de que tanto Sanidad como Educación sean competencias transferidas a todas las comunidades autónomas ha encendido el debate, especialmente tras conocerse la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de "devolver" dichas competencias -además de Justicia- al Estado.


En respuesta, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no ha puesto objeciones a que se inicie en España un proceso de recentralización de competencias, siempre y cuando afecte sólo a las autonomías creadas "artificialmente" y no a territorios como el País Vasco o Cataluña, con una secular "voluntad de autogobierno".


Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha advertido al Gobierno de que "no es quién para recortar" en sanidad y educación, ya que ambas son "competencia única y exclusiva de las comunidades autónomas".


Por eso, ha pedido a Rajoy que "deje en paz" a los gobiernos autonómicos, que gestionan "servicios básicos" del Estado del Bienestar y que son quienes "deben decidir si aplican ajustes en estas políticas, si quieren, si pueden, si les conviene o si no tienen más remedio".


Por su parte, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha pedido conocer el proyecto de recortes y ha lamentado tener que tratar con un Gobierno que "ni habla ni escucha a nadie".


También el Gobierno vasco ha cuestionado los ajustes y asegurado que no van a afectar al País Vasco porque vayan a afectar a su territorio, ya que "no se va a aplicar, ha explicado el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa.


Navarra y Canarias también han criticado el ajuste y, en especial el que fuera anunciado a través de una nota de prensa.


Finalmente, el plan de recortes tampoco ha gustado a la comunidad educativa y a los sindicatos del sector, que han expresado su temor de que se pierdan miles de empleos, especialmente interinos (100.000 según CCOO), y de los perjuicios adicionales de calidad que tendrá la pretensión del Gobierno de ahorrar 3.000 millones de euros en educación.


En sendos comunicados, las organizaciones laborales han calificado de "improvisación", "inconcreción", "opacidad", "imposición" y "ataque" a la educación pública y la igualdad de oportunidades los ajustes previstos por el Gobierno.