Las mujeres víctimas de la violencia de género podrán, previa orden judicial, cambiar las cerraduras de sus domicilios de forma gratuita, con lo que su agresor no les podrá coger desprotegidas.

La Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES) se ha comprometido a cambiar las cerraduras de las casas de las víctimas de violencia machista, tal y como se contempla en el programa de apoyo a estas mujeres, que ha presentado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández.Proyecto piloto en Córdoba

El presidente de UCES, David Hormaechea, ha explicado que de momento se ha puesto en marcha un proyecto piloto en Córdoba, que "está funcionando bien", pero el objetivo es extenderlo a todo el territorio, con la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos, que reflejarán esta actividad dentro de sus propios protocolos relacionados con la materia.

Varias ciudades, provincias y comunidades autónomas, como Navarra y Guipúzcoa, se han interesado ya por el programa, que permitirá a las mujeres, siempre y cuando la autoridad judicial lo considere, cambiar su cerradura.

Los cerrajeros de UCES, entidad integrada por cuatro asociaciones a la que están vinculadas el 80 % de los profesionales del gremio, harán el trabajo con la "máxima confidencialidad" ya que ellos incluso no conocerán la identidad de la víctima.

Los materiales utilizados y la mano de obra irán por cuenta del cerrajero, con lo que a la víctima, ni al ayuntamiento o comunidad se le pasará ningún cargo.

La cuantía de un servicio mínimo de este tipo suele oscilar entre 150 y 250 euros, según ha detallado Hormaechea, quien ha asegurado que UCES cambiará las cerraduras que sean necesarias.

La nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género ha valorado esta propuesta que permitirá mejorar la seguridad de estas mujeres y la de sus hijos, y con ello avanzar en la lucha contra este fenómeno que es "una cuestión de toda la sociedad".

Hernández ha hecho hincapié en que el Gobierno está trabajando para que la red de ventanillas únicas y las unidades contra la violencia de género "sean una realidad", que permita una mayor personalización de la atención a las mujeres ya que no todas están en la misma situación y tienen las mismas necesidades.