El Estado sigue haciendo caja con las tasas judiciales en Soria. Entre enero y mayo de este año, las arcas públicas han conseguido ingresar 169.000 euros por juicios celebrados en la provincia. Con este registro en los cinco primeros meses del año, todo parece indicar que la recaudación de este ejercicio se asemejara a los 416.000 euros recaudados en todo 2013.

En toda España, entre enero y mayo se percibieron 130,6 millones de euros. Castilla y León, con 5,1 millones, no se encuentra ni entre las comunidades autónomas con mayores ingresos ni entre las que menos. En este último grupo se incluirían Asturias, Aragón, Baleares, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja. Del carro de la recaudación tiraron, sobre todo, la Comunidad de Madrid y Cataluña, donde se ingresaron 32,8 y 26,2 millones de euros, respectivamente. 

En la Comunidad, las grandes ciudades son las que más contribuyen a estos registros. Así, Valladolid ingresó en estos primeros meses de 2014 1,2 millones de euros, seguida de León que también superó la barrera del millón de euros (1,08). La provincia de Soria se sitúa en penúltima posición, por detrás de Segovia (250.000 euros) y un puesto por encima de Ávila que ‘sólo’ ha percibido 97.000 euros en concepto de tasas judiciales.

Desde que en 2012 entrara en vigor este sistema de pago por el que el Gobierno pretendía desatascar los juzgados y obtener ingresos extra para financiar el Turno de Oficio, entre otras cosas, el Estado ha recaudado en Soria más de 650.000 euros.

Una medida discutida desde el principio 

Han sido muchas las voces que se han manifestado contra la Ley de Tasas de Alberto Ruiz Gallardón. De hecho, hasta el Tribunal Constitucional han llegado varios recursos de inconstitucionalidad contra el texto legislativo, además de varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas desde juzgados y tribunales.

Pero no son estos los únicos problemas del sistema de tasas, ya que en los últimos meses varios gobiernos autonómicos han expresado su voluntad de llevar al Gobierno a los tribunales si este no les ingresaba parte de lo recaudado en sus territorios con las tasas, como se contempla en la ley. 

Hace unas semanas, también mostraba su desacuerdo José Manuel Sánchez Siscart, presidente de la Audiencia Provincial de Soria, quien reconocía que no le gustan las tasas judiciales, al menos cómo están planteadas. En una entrevista concedida a HERALDO, Sánchez Siscart argüía que estas tarifas “pueden considerarse un impedimento en la defensa de los derechos”. “La tasa en sí no tiene por qué ser mala pero a lo mejor su aplicación en determinados casos sí que lo es. Si ello constituye una traba para el derecho a la tutela judicial efectiva que todos los ciudadanos tenemos reconocido en el artículo 24 de la Constitución, podría ser algo que va en contra de nuestro texto fundamental. También es cierto que a veces se utilizan los procedimientos judiciales como táctica dilatoria, para evitar la solución definitiva. Es un juego de contrapeso y por eso hay que buscar el equilibrio. Quizá la tasa para las grandes empresas sería adecuada pero para un ciudadano con un nivel de recursos escaso constituye un auténtico impedimento. La Justicia tiene que ser accesible al ciudadano y está para amparar los derechos de las personas. Y es importante que el acceso a la Justicia esté libre de la mayor parte de trabas posible”.