Los juzgados ya han hecho más de siete millones de notificaciones vía internet
Aragón es pionera en el uso de la aplicación Lexnet y en 2015 se podrán presentar escritos
El Gobierno de Aragón quiere que en 2015 todos los operadores jurídicos, con los procuradores a la cabeza, puedan no solo recibir notificaciones de los juzgados, como sucede hasta ahora, sino también enviarlas. Esta innovación si todo sale como está previsto y se cuenta con los medios materiales necesarios permitirá a los profesionales presentar escritos y demandas a través de la aplicación informática llamada Lexnet.
Esta herramienta ofrece una plataforma de intercambio seguro de información en los tribunales y comenzó a implantarse tímidamente y con altibajos en 2009. Entonces se hicieron 56.311 notificaciones solo en Zaragoza, ya que en Huesca y Teruel no se empezó a utilizar hasta dos años después. Pero la evolución fue muy positiva y, según los datos actualizados a fecha de 31 de julio, el número de comunicaciones supera ya los siete millones. En concreto, han sido 7.305.519 escritos enviados telemáticamente desde los tribunales (5.987.650 de ellos de Zaragoza), con el ahorro de papel y tiempo que esto supone.
Ahora se pretende dar un paso más que puede revolucionar la presentación de escritos en los tribunales. Como anunció recientemente el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, se va a poner en práctica la "bidireccionalidad", para que procuradores y abogados también graduados sociales y, cuando el sistema avance, fiscales, policías y un amplia gama de entidades, puedan remitir sus escritos a los tribunales usando esta tecnología.
En el diseño inicial de Lexnet tuvieron mucho que ver los secretarios judiciales, los procuradores y los abogados del Estado de Zaragoza, y los letrados del Servicio Jurídico de la DGA, pues acogieron tanto la implantación como la formación de buen grado y Aragón fue pionera en su uso. El secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Santiago Sanz Lorente, y la secretaria de coordinadora de los juzgados de la capital, María de los Ángeles Júlvez, creen que terminar de desarrollar esta herramienta es fundamental para el futuro de la Justicia. Ahorro de tiempo y dinero
"Lexnet, además de ser un sistema seguro, no solo ahorra dinero sino que normaliza criterios. Y para los profesionales que lo usan el coste es cero. También ahorra tiempo porque evita desplazamientos físicos y porque acaba con los denominados plazos limbo, es decir, esos tiempos que no están recogidos en la ley pero que se alargan siempre, como los emplazamientos de demandados, por ejemplo", explica María Ángeles Júlvez. Y anuncia: "Cuando se puedan presentar las demandas, estaremos en el principio del fin del papel en la administración de Justicia".
"Se trata añade de sumar esfuerzos para que nuestros tribunales puedan trabajar en red y los ciudadanos puedan tener la certeza de que toda la información relevante que obre en otros juzgados, la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estará disponible ante quien haya de juzgar su caso".
De momento, dentro de la instrucción enviada por Santiago Sanz a todos los secretarios, la implantación de Lexnet en las dos direcciones se ceñirá a los escritos de trámite y no a los iniciadores de un procedimiento, es decir, las demandas o cualquier otro que implique un nuevo registro. El problema es que para hacer esto es preciso un cargador de expedientes y un doble visor de pantallas de ordenador para los funcionarios, software que aún no está disponible.
No obstante, fuentes del Gobierno de Aragón explicaron que se trata de ir introduciendo poco a poco la novedad y empezar por los escritos de trámite para terminar con el resto. La prueba afectará a todas las jurisdicciones salvo a la penal, ya que en esta última se necesita que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan tener entrada en el sistema. Por el momento lo han empezado a hacer los abogados del Estado, de los servicios jurídicos de la DGA y de la Agencia Tributaria. Antes de fin de año se pretende que se puedan remitir escritos también a los órganos centrales, como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, sin necesidad de que se tenga que designar procurador en Madrid, como sucede ahora.
