Los sindicatos de estibadores acordaron a última hora de este miércoles suspender el inicio de su huelga, previsto para este viernes, hasta al menos dentro de una semana, en concreto el viernes 17 de marzo. Con ello, además, consiguen que antes se pronuncie el Pleno del Congreso sobre el polémico decreto que liberaliza la actividad de carga y descarga en los puertos.

Aunque no fueron profusos en detalles, fuentes de los agentes sociales presentes en la negociación entre la patronal y los sindicatos señalaron que en las últimas horas ha habido "algunos avances" en cuestiones como la subrogación de plantillas con las nuevas adjudicatarias. Por ello, y a la espera de dar nuevos pasos, los representantes de los trabajadores optaron por desconvocar otros tres días de paros.

Así, de las tres semanas de huelga (nueve días alternos y en horas no consecutivas) que convocaron a finales de febrero, al final solo mantienen menos de la mitad: cuatro días. La de este miércoles es, además, la tercera ocasión en que recurren a la estrategia de posponer paros para animar al Gobierno a ser más dialogante.

Y es que desde la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) -central mayoritaria entre los estibadores-, su secretario general, Antolín Goya, insistió en que el acuerdo que puedan alcanzar con la patronal debe incorporarse después al articulado del decreto. Su argumento de peso es que la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Asneco) no puede obligar a todas las compañías a cumplir con lo que se llegue a pactar si no está refrendado en el plano normativo por el Gobierno.

El Gobierno, aún sin apoyos

El Ministerio de Fomento, por su parte, también está haciendo su particular juego del gato y el ratón con los sindicatos. Así, ante la persistente falta de apoyos parlamentarios -todavía no ha logrado más respaldo que el del propio PP-, aplazó al jueves de la semana próxima la votación en el Congreso de su decreto sobre la estiba.

Al tiempo, su titular, Iñigo de la Serna, insistió en su argumento de que el Gobierno "está obligado sí o sí" a liberalizar el sector o la UE elevará su multa sobre España (ya le impuso una primera de 21,5 millones por no cumplir con una sentencia previa, de finales de 2014, del Tribunal de Justicia europeo). Así lo ha ratificado la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, quien esta semana ha advertido de que si la reforma no se aprueba antes del próximo 24 de marzo las autoridades comunitarias tomarán cartas en el asunto y estudiarán nuevas medidas coercitivas.