Ni sus funciones son las mismas, ni los montes de utilidad pública centran ahora la influencia medioambiental en la región y, por ende, en la provincia de Soria. Es la premisa de los agentes medioambientales de Castilla y León, quienes demandan a la Junta una recomarcalización forestal que dejaría las 92 demarcaciones "en la mitad", asegura Esaú Escolar, presidente de Apamcyl, la asociación regional del estos agentes de la autoridad. Ello, explica, dejaría las 12 comarcas actuales de Soria "en unas cinco o seis", en las que se reorganizarían los agentes actuales (unos 90).

El objetivo, explica, es redistribuir el espacio y el número de agentes en base a las necesidades actuales. "Cuando se organizó por primera vez se tuvo en cuenta la ubicación de los montes públicos", explica Escolar. Una decisión que "tenía sentido en su día, hace 25 años, cuando había que marcar pino por pino". Entonces se realizaba un control prioritario de los usos principales que ofrecía el monte, como los pastos y los recursos madereros. Por ello, en comarcas como Covaleda (que incluye este municipio y Duruelo) hay "unos ocho compañeros", explica Cristian Pascual, agente medioambiental en la provincia.

El problema es que los agentes cuentan ahora con "nuevas competencias". Es decir, "la problemática medioambiental ha cambiado" con el avance de la sociedad y los usos y costumbres tradicionales del medio se han transformado. "Las necesidades son diferentes y ahora, por ejemplo, tenemos mucho más trabajo con los vertidos, las granjas y los purines, los escombros...", explica Pascual.

En este panorama, la comarca de Almazán tendría "ocho agentes para un territorio cuatro o cinco veces más extenso que el de Covaleda y en el que la industria y la ganadería se multiplica", explica el agente. Y añade: "Es muy necesario reorganizar la relación de puestos de trabajo".

La Junta, explica el presidente de Apamcyl, "es consciente de ello" y ya tendría un borrador en el que podrían participar los agentes. Un compromiso "de palabra" que, por el momento, no ha dado sus frutos.

El objetivo, además de optimizar los recursos -lo que incluiría que los agentes pudiesen trabajar también en pareja-, es que esa nueva delimitación forestal del territorio permita que los centros de trabajo se ubiquen "en pueblos con servicios", mayoritariamente en municipios de "entre 3.000 y 20.000 habitantes". Es decir, "si se unieran las comarcas de Bayubas y El Burgo, lo lógico es que los trabajadores estuviesen en El Burgo", afirma Escolar. La Junta, por su parte y según las fuentes consultadas, valoraría igualmente la nueva ordenación del territorio (Ubost). Un factor al que, según los agentes, habría que sumar "el número de licencias medioambientales o la superficie forestal total, no solo de monte de utilidad pública".