Las Cortes equipararán la indemnización de los exdiputados a las prestaciones del paro

Es uno de los cambios sobre los que hay acuerdo en la negociación del nuevo reglamento. Siete parlamentarios pidieron la cesantías al final de la pasada legislatura y ya han cobrado 136.000 €.

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón han alcanzado un principio de acuerdo para equiparar, en la medida de lo posible, las condiciones de las indemnizaciones que actualmente pueden solicitar los diputados al dejar su cargo a las de la prestación por desempleo. Tras la conclusión de la anterior legislatura, el pasado junio, siete antiguos parlamentarios se han beneficiado de las denominadas cesantías, por las que hasta ahora han percibido en su conjunto 136.000 euros brutos, aunque dos de ellos seguirán disfrutando de la prerrogativa hasta este verano. Si la agotan, la cuantía total ascenderá a 157.000 euros.


Estas indemnizaciones por cese para los diputados que al abandonar su escaño se quedan sin trabajo se conceden también en las Cortes Generales y en otros parlamentos autonómicos. En el caso de Aragón, su aprobación estuvo envuelta en la polémica, ya que fue pactada en secreto en la última Mesa y Junta de Portavoces de la legislatura que finalizó en 2011. Hubo un acuerdo unánime de los grupos que entonces tenían representación en las Cortes. Ahora, aprovechando la reforma del reglamento que se va a acometer, se ha decidido revisar las condiciones de las cesantías a las que tienen derecho los diputados, que no pueden cobrar el paro al no ser considerados trabajadores por cuenta ajena.


La propuesta partió de Podemos, pero fue bien acogida por el resto de grupos. La idea es que, mientras el convenio especial aplicable a los parlamentarios autonómicos no contemple la contingencia por desempleo, se mantengan las indemnizaciones, aunque con cambios en las cuantías y el periodo de percepción, con el fin de asimilarlos al paro.


Las diferencias actuales


Los diputados que se acogen a esta figura cobran el sueldo base (2.965,97 euros brutos) tantos meses como años hayan permanecido en el escaño, con un límite de 18 meses. Frente a ello, el importe máximo del paro, que se puede cobrar hasta dos años, está fijado en 1.397,84 euros si se tienen dos o más hijos. Sin cargas familiares, el tope es de 1.087,20 euros.


Ante estas diferencias, lo que se plantea es reducir la actual cuantía de cada mensualidad y alargar el periodo de disfrute de esta indemnización pensada para facilitar la incorporación al mercado laboral y que es incompatible con cualquier sueldo, pensión o subsidio. Es decir, cobrarían menos, pero podrían hacerlo durante más tiempo, en función de los años que hayan mantenido el acta.


Las nuevas directrices para la concesión de las cesantías se incluirán, si finalmente hay consenso, en el nuevo reglamento de la Cámara y posteriormente se desarrollarán los términos concretos mediante un acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces.


"Todos los grupos coincidimos en la necesidad de buscar una fórmula para dejar clara en el reglamento la intención de ir hacia la equiparación con el desempleo y evitar que suponga un privilegio", explica el coordinador de la ponencia, el socialista Javier Sada. "Es mejor tener los mismos derechos porque hasta ahora se recibe mucho dinero en poco tiempo", opina Héctor Vicente, de Podemos, que ha vuelto a poner sobre la mesa un asunto que ya planteó CHA a través de una enmienda en el anterior intento de reformar en reglamento durante la pasada legislatura.


De los 39 parlamentarios que no han repetido tras las elecciones de 2015, siete pidieron cobrar esta indemnización. En total, hasta abril, la Cámara había desembolsado 136.434 euros. Cinco ya han agotado la ayuda y todavía la siguen cobrando dos socialistas, el expresidente de la Cámara Francisco Pina y Carlos Tomás.


Sus antiguos compañeros de bancada Eva Almunia y Carmen Sánchez dejaron de percibirla en noviembre. Esta última se recolocó como presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias, y también otro de los beneficiarios, Luis Ángel Romero (IU) tiene ya nueva ocupación como director del espacio joven Baltasar Gracián, en Zaragoza. La popular Nuria Loris y el aragonesista Antonio Ruspira completan el listado.

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