La reforma de la administración deja 4.111 empleos menos y un ahorro de 1.226 millones
Las comunidades autónomas han suprimido 715 entidades de su sector público desde 2012.
La denominada reordenación del sector público autonómico aplicada entre 2011 y 2015 ha dejado en Castilla y León un balance de 4.111 empleados menos y un ahorro de 1.226 millones de euros a través de la reducción de 24 entidades públicas.
Estos registros suponen que Castilla y León aporta el 5,67% del ahorro acumulado por las administraciones autonómicas españolas y el 7,6% de la reducción de personal total.
En conjunto, las comunidades autónomas han suprimido 715 entidades de su sector público desde 2012, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que indican que entre 2011 y 2015 las autonomías han reducido su plantilla en 53.544 personas.
Los datos corresponden al informe sobre reordenación del sector público autonómico con fecha de 1 de julio de 2014 -que se hace público ahora- para analizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Según ese informe, los procesos de reordenación y racionalización llevados a cabo por las autonomías entre 2011-2015 han supuesto un ahorro de 21.587 millones de euros por medidas de racionalización.
Desde 2012 se han producido 526 bajas de entes públicos y otras 189 entidades han cesado sus actividades o están en fase de liquidación, lo que supone un total de 715 entidades extinguidas o en fase muy próxima a la extinción.
El objetivo asumido por las autonomías en 2012 era acabar con 508 entes públicos, superado en un 41 % a estas alturas, pero en el último informe esos compromisos han aumentado hasta las 834 entidades, 326 más que las previstas inicialmente.
Así, cuando las autonomías cumplan el objetivo de supresión de entidades, habrán reducido su sector público instrumental en un 35,18 % y pasará de los 2.371 entes de 2012 a 1.537.
De este modo, el número de entidades será inferior a las 1.702 del año 2003, cuando se creó el inventario de entes dependientes de las comunidades autónomas.
La comunidad que más entidades ha suprimido, de acuerdo con los datos de Hacienda, ha sido Andalucía, con 132, seguida por Baleares, con 104, y Cataluña, con 90.
Castilla-La Mancha es, por su parte, la que más empleo publico ha destruido, con 15.399 empleados menos que en 2011, seguida por Cataluña (12.842) y Comunidad Valenciana (9.089).
El mayor ahorro, según las estimaciones de Hacienda, lo ha logrado Cataluña, con 6.675 millones de euros, mientras que la Comunidad Valenciana ha conseguido ahorrar 3.276 millones y Madrid 2.902.
En el documento no se incluyen los entes públicos del País Vasco, aquellos en los que participan varias comunidades autónomas ni los de Ceuta y Melilla.
