La Junta de Castilla y León reacciona con un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la sentencia dictada el día 8 de este mes por el Superior de Justicia de Castilla y León y que admite parte de un recurso interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León contra el Decreto 32/2015, que regula la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. El fallo, que no sería firme hasta el 8 de julio, pone en jaque la actividad en la región invocando a la Directiva de Aves y por eso el Ejecutivo ha pedido a la Sala de lo Contencioso Administrativo que aclare si la anulación de parte de los artículos incluye también la nulidad como cinegéticas de otras especies, como mamíferos de caza menor (conejo, liebres, zorro) y mayor (jabalí, ciervo, corzo, gamo, rebeco, cabra montés, lobo y muflón).

Según indicó ayer la Junta, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, parte demandada junto a la Federación de Caza de Castilla y León, opta por la vía judicial y "preparará recurso de casación al no compartir la interpretación efectuada por la Sala sobre determinadas cuestiones de carácter normativo así como de índole científica y técnica". Busca mantener la caza en la región, cuyo ejercicio practican en la provincia cerca de 10.000 personas con un aprovechamiento cinegético que pasa de nueve millones de euros.

Tras echar por tierra varios artículos de la norma, los ecologistas valoraban "la posibilidad de pedir la ejecución provisional de la sentencia". Este es el mayor miedo de los cazadores, que para "ganar tiempo" pedirían al juez "algún tipo de fianza, que tendría que ser millonaria", en base al dinero que mueve este recurso en la región y que fue datado en un estudio de 2012 en 500 millones de euros al año. Hasta 60 en Soria.

Conocida la noticia en los últimos compases de la Asamblea General de la Federación de Caza de Castilla y León celebrada este sábado en Almazán, el miedo a un cese inminente de la actividad cinegética corrió como la pólvora.

Con la norma como brete, la Sala estimó parte de las demandas planteadas en 2015 por los ecologistas, amparadas en la defensa de determinadas especies de aves y la necesidad de adecuar el Decreto "a la legalidad", explica Alberto Fuentes, de la Federación de Ecologistas en Acción.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, anula el artículo 9.4, en lo relativo a las modalidades de palomas en migración invernal de pasos y la caza de acuáticas desde puestos fijos; el 13, sobre la declaración de las especies cinegéticas; el 14, de las especies cazables; el 15, sobre la caza con nieve; el 19 apartado 1, letra a), en cuanto controles poblacionales de urraca y corneja en abril y mayo, y en la letra b), en cuanto a controles poblacionales de estornino pinto en los meses de septiembre y octubre, así como el Anexo.

La Sala sustenta su decisión a una falta de documentación científica y técnica (sobre niveles de población, protección, distribución y reproductividad) acerca de las especies cinegéticas regidas por la Directiva de Aves y que la Junta modera ahora a través de las órdenes anuales de caza o planes cinegéticos concretos.

La actividad es frenética en la Federación de Caza y trabajan con la Junta para "arreglar el problema". La idea, dicen los cazadores, "es tener tiempo para solucionar los problemas del Decreto". El Gobierno regional explicó este martes que ha puesto en marcha "los mecanismos jurídicos procedentes para ajustar la situación normativa a los criterios de la sentencia, ante la eventualidad de su firmeza con el mismo sentido". Mientras, y "por razones de seguridad jurídica" y en cumplimiento de la Ley de Caza de Castilla y León, la Consejería publicará la Orden anual de caza antes del 30 de junio. Los cazadores, indicó la Junta, "podrán seguir practicando su actividad bajo el amparo de la normativa cinegética vigente".

Los ecologistas, por su parte, se mostraron satisfechos con la sentencia, "por el revés que le da a la Junta", y ahora centran sus esfuerzos en "utilizar parte de esta sentencia para alegar esa Orden anual", en exposición pública.

No es la primera vez que los cazadores castellano y leoneses enfrentan este caso. De hecho, fue anulado el Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaraban las especies cinegéticas, y el Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, previo al cancelado en parte en esta ocasión. Del mismo modo fueron invalidadas la Orden anual de caza 2002-2003 y la de 2010-2011. En ninguna ocasión la actividad se paralizó.