Desde el pasado día 15, las empresas proveedoras de las administraciones públicas están obligadas a emitir sus facturas electrónicamente.

Modelo que, según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, supondrá un ahorro de 51 millones de euros al año (3,75 euros por cada factura), y al que deberán adaptarse tanto los ayuntamientos como gran parte de los gobiernos autonómicos, bajo multas de hasta 10.000 euros. 

De esta forma, se cumple con lo dispuesto en la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro contable de Facturas del Sector Público. 

El sistema será obligatorio para las facturas superiores a 5.000 euros y opcional para las inferiores a esta cantidad. Según fuentes gubernamentales, "servirá para facilitar a los pequeños proveedores su relación y sus gestiones con Hacienda".

Además de Aragón, otras doce comunidades autónomas se han incorporado a esta metodología. Estas son Asturias, Murcia, Baleares, Extremadura, Navarra, Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Por su parte, La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco han desestimado hacerlo, pero tienen un punto propio de entrada para estas facturas.

Hasta el momento, Aragón se presenta como la que más tarda en saldar sus deudas con los proveedores.

¿Qué es la factura electrónica?

En términos informáticos, consiste en un fichero con el contenido exigido por ley a cualquier factura, que se puede transmitir de emisor a receptor por medios telemáticos de un ordenador a otro y que posee unas características que aseguran la autenticidad e integridad.

Es decir, tiene los mismos efectos legales que una factura en papel, como justificante de la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Sus ventajas

Fundamentalmente aporta claridad, transparencia y control en tiempo real del estado de tramitación de las facturas para los proveedores, ya que tal y como señalan desde el Gobierno, "?permite que salgan a la luz todas las facturas pendientes de cobro en las administraciones públicas".

Además, como puede extraerse de los mencionados datos del Ministerio de Hacienda, supone un gran ahorro económico, entre otras cosas por la supresión del uso de papel. 

La preparación de las empresas

Según un estudio del operador de facturación electrónica Seres, basado en la consulta directa a 3.000 empresas proveedoras de la Administración General del Estado, "la mayoría de proveedores están preparados para utilizar la factura electrónica".

Concretamente, el 98% de las empresas, sea cual sea su dimensión, conocen el cambio normativo.

Sin embargo, este mismo informe prevé que la adaptación de las grandes empresas vaya "más despacio", ya que el cambio afecta "a un mayor volumen de facturas y un mayor número de administraciones públicas con las que se opera".

Pago a proveedores

Un informe hecho público por el Ministerio de Hacienda señala que Aragón es la comunidad que más tarde paga a sus proveedores, con una media de 107,53 días.

Por su parte, Navarra es la más ágil a la hora de saldar sus deudas y la única que lo hace en el plazo de 30 días. Por detrás de la Comunidad Foral, las comunidades más puntuales en el pago son País Vasco (34,09 días), Canarias (37,38 días) y Galicia (41,34 días).

La media de pago de los distintos territorios españoles se situa en 72,89 días. 

Además, el informe advierte que nueve comunidades autónomas (Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Extremadura, Murcia y Valencia) superan el plazo máximo de demora de la normativa en materia de morosidad.