"Los primeros meses a cargo del Instituto Aragonés del Agua (IAA) no hice otra cosa que recibir a alcaldes que venían a pedirme dinero y yo decía: “¿Pero qué pasa? ¿Por qué me piden dinero? ¿Por qué se van tan enfadados?”. Yo no tenía dinero, tenía el presupuesto bloqueado y se iban enojadísimos porque lo habitual era que hubiera fondos". El testimonio que ofreció recientemente en las Cortes la actual directora del IAA, Inés Torralba, refleja cómo gestionó este órgano buena parte de los ingresos estatales que llegaron a la Comunidad para las depuradoras del Pirineo.

Apenas una décima parte de las proyectadas están construidas y algunos ayuntamientos ya han recibido multas por verter sus aguas residuales a los ríos. Este fue el motivo de la comparecencia de Torralba ante el Parlamento, apenas unas semanas antes de que se hiciera público el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Instituto Aragonés del Agua y la gestión del controvertido plan de saneamiento y depuración.

El órgano fiscalizador constata que de los 141 millones que recibió la DGA de Madrid hasta 2015 para financiar las obras en el Pirineo, más de la mitad, 85,6, se destinaron a subvenciones que llegaron a más de 500 ayuntamientos y que se otorgaron discrecionalmente. "A pesar de disponer de recursos líquidos estatales para la financiación de las obras de depuración del Pirineo, el Gobierno de Aragón decidió ejecutarlas mediante contratos de concesión de obra pública en los que los concesionarios se obligan a financiar las obras con sus propios medios, liberando y utilizando los ingresos aportados por el Estado para la financiación de las obras del Plan del Agua realizadas por las entidades locales y no para las infraestructuras de depuración de interés general del Estado", resume la Cámara de Cuentas.

Se da la circunstancia de que entre los municipios que más dinero recibieron apenas aparecen poblaciones pirenaicas. De hecho, de la treintena de ayuntamientos más beneficiados por el Plan del Agua 2008-2015, puesto en marcha por el entonces consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné (PAR), solo hay cuatro ubicados en esa zona: Sigüés, Benasque, Puente de Montañana y Biescas.

Esta situación fue amparada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ahora multa a los ayuntamientos afectados por los incumplimientos de un convenio que según el órgano fiscalizador podría salir muy caro a Aragón, ya que el Estado podría reclamarle la devolución de 117 millones.

Pero además, la Cámara llama la atención sobre la forma en la que se concedieron las ayudas para obras del ciclo del agua. Como ya advirtió cuando examinó los expedientes de 2010, sostiene que en estos procesos no se justificaban las razones "excepcionales" que concurrían para utilizar la concesión directa de las subvenciones, tal y como exige la ley.

Planificación "insuficiente"

Tampoco constaban, añade el informe, los motivos que impedían efectuar una convocatoria pública para optar a los fondos disponibles de acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, transparencia y publicidad.

Según explica el órgano fiscalizador, sí existían las solicitudes de ayudas formuladas por los ayuntamientos, pero no hubo convocatorias abiertas y no hay registros de aquellas que se recibieron, "ni se pueden deducir las motivaciones para decidir su inclusión en alguno de los planes plurianuales". En definitiva, se concluye que no se hizo una planificación "suficiente" ni se fijaron "unos objetivos concretos a lograr con este programa de ayudas".

Las actuaciones ejecutadas con los fondos estatales se dividían en tres grandes bloques: abastecimiento, saneamiento y cauces. "En ningún sitio ponía nada de plantas de purines", aclaró la actual directora del Instituto Aragonés del Agua en referencia a otra polémica herencia, las cuatro plantas de tratamiento de purines construidas también con los fondos del Ministerio en Zaidín y Capella (Huesca) y Valderrobres y Peñarroya de Tastavins, en Teruel. Se invirtieron 23 millones.

Los responsables de esta gestión durante los gobiernos de Marcelino Iglesias y Luisa Fernanda Rudi, ambos en coalición con el PAR, defienden que todas las obras están justificadas documentalmente, "con luz y taquígrafos, en beneficio de Aragón". Y añaden que "siempre" pasaron por la comisión mixta de seguimiento del convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la DGA. Recuerdan, asimismo, que ninguno de los intentos de judicializar el proceso de adjudicación del plan de depuración por supuestas irregularidades ha prosperado.

De todo ello se hablará en la comisión de investigación creada en las Cortes por acuerdo de todos los grupos a iniciativa de Podemos, que la pidió tras conocer el informe de la Cámara de Cuentas.

Mientras, el IAA ha presupuestado para este año una partida de 2,7 millones de euros para subvenciones a ayuntamientos. Se pretende publicar la convocatoria, por concurrencia competitiva, en cuanto se aprueben las cuentas. Ante la creciente reivindicación de los municipios, se primarán los proyectos de depuración, por lo que el Instituto espera que los consistorios "tomen la iniciativa" en este ámbito.

En 2016 se financiaron, como un adelanto del FITE, sendas depuradoras en Villastar y Mezquita de Jarque, con situaciones "singulares", así como la mejora de abastecimientos a Bello, Formiche y Calamocha, pendientes de 2015. Además, se convocaron subvenciones por concurrencia competitiva con un presupuesto de 600.000 euros, también con cargo al citado fondo estatal. Hubo un aluvión de peticiones que sumaban 8 millones.