La Defensora del Pueblo reclama cambios en la gestión de las bajas de las líneas de teléfono
También que las compañías deban respetar la negativa de los usuarios a recibir llamadas publicitarias.
La Defensora del Pueblo planteará este martes en el Congreso que la baja de una línea telefónica pueda hacerse efectiva desde el momento de la solicitud, a la vez que recordará que todos los móviles, aunque los 'regalen', cuentan con una garantía a la que tiene derecho el usuario.
Así, Soledad Becerril comparecerá este martes en la Cámara Baja ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) encargada de la materia, para presentar el estudio 'Telecomunicaciones: demandas y necesidades de los ciudadanos', que recuerda también que las compañías telefónicas deben respetar la negativa de los usuarios a recibir llamadas publicitarias.
Este trabajo propone también que en la formalización de las contraofertas, después de que un usuario haya anunciado que quiere marcharse de la compañía telefónica, y ésta le haga una oferta, el cliente cuente con toda la información necesaria y, para formalizar el acuerdo, tenga que remitir la copia firmada a la compañía o responda al correo electrónico manifestando su conformidad.
La mayor parte de las quejas recibidas en la institución sobre las telecomunicaciones tienen relación con la facturación y con la dificultad para dar de baja los servicios contratados, así como por la prestación del servicio universal y con la necesidad de expansión de banda ancha en Internet.
Dar de baja un servicio
Para facilitar el procedimiento de baja en el servicio, el estudio propone que tenga efecto desde el momento de la solicitud, al tiempo que recomienda que se prorratee la penalización por incumplimiento del compromiso de permanencia.
En opinión de la Defensora, Soledad Becerril, la información que reciben los consumidores sobre los compromisos que adquieren ante los operadores debe ser "veraz". "Estos deben explicar con claridad los servicios que prestan, sus costes, y no poner trabas a la finalización de los contratos", ha reclamado.
Por otro lado, destaca que es una práctica generalizada que se faciliten gratuitamente terminales móviles a los abonados, que tienen derecho a la garantía del terminal, según la legislación de consumo, así como a que el aparato sea liberado sin coste alguno, una vez cumplido lo estipulado en el compromiso de permanencia.
"El precio del aparato se ha cobrado al abonado de forma diferida, circunstancia que debe ser conocida por el cliente para que pueda defender el cumplimiento de sus derechos en este ámbito", sostiene la institución dirigida por Soledad Becerril.
