La primera de las grandes causas de corrupción instruidas a lo largo de los últimos años en Aragón en llegar a juicio ya tiene sentencia. Y es condenatoria. Al menos, en el caso del exviceconsejero del Gobierno aragonés Carlos Esco (PSOE), el exdirector gerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) Ricardo García Becerril y el dueño de Codesport, Agapito Iglesias. Los tres fueron jugados por el llamado caso Naves y sobre todos ha recaído la misma pena: cuatro años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos que dejó un agujero de 8,7 millones de euros en las cuentas de Plaza.

El fallo de la Audiencia de Zaragoza se hizo público el pasado jueves y supuso un tremendo varapalo para los encausados, ya no solo por la pena –que si no es revisada por el Tribunal Supremo supondrá la entrada de los tres en la cárcel– sino por el precedente que sienta. Porque los tres tienen todavía por delante un par de juicios derivados de las irregularidades detectadas en el complejo logístico. Y aunque son procedimientos distintos, saben que afrontan un vía crucis judicial en el que les resultará difícil desprenderse del velo de culpabilidad que ahora les cubre.

Las defensas no dan la batalla por perdida y están dispuestas a rentabilizar hasta una sentencia condenatoria. Parten del hecho desfavorable de que sus clientes han sido declarados culpables, pero han logrado un reconocimiento importante del tribunal: los 17,9 millones de euros que costaron de más las 119 naves construidas por Codesport en Plaza no fueron a parar a los bolsillos de los encausados, que era de lo que les acusaban tanto la Fiscalía Anticorrupción de Zaragoza, como los propios abogados de Plaza, la DGA y UPyD. Tras analizar las distintos informes periciales aportados a la causa, los magistrados han llegado a la conclusión de que los edificios pudieron costar los 32,4 millones de euros que al final pagó la sociedad pública, puesto que ha quedado probado que las numerosas deficiencias y mermas de calidades que detectó el arquitecto designado por el juzgado no existían.

A la hora de condenar, la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza deja claro que el ilícito penal reside en la entrega de cuatro pagarés con cargo a los fondos de Plaza y por importe de 8,7 millones a Agapito Iglesias. Según la sentencia, Esco y Becerril firmaron esos cheques cuando sabían que de ese pago –en concepto de sobrecostes– debía responder la empresa Autocity, puesto que fue esta la que compró gran parte de las naves y exigió una serie de modificaciones.El próximo juicio, el del Karting

Conforme al estado en el que se encuentran las causas judiciales en las que están involucrados los condenados del caso Naves, el próximo juicio en celebrarse será el del llamado caso Karting. En este compartirán banquillo Becerril y Esco –Agapito Iglesias, nada tiene que ver–, para los que la Fiscalía pide sendas penas de diez años de cárcel por malversación. Según esta, ambos se embolsaron una comisión ilegal de 330.555 euros por cerrar la compra viejo circuito que karts que había en los terrenos donde actualmente se hallan los accesos a Plaza Imperial. A diferencia del juicio del caso Naves, en esta causa serán juzgados por un Tribunal Popular.

Muy avanzada se haya también la tramitación del considerado caso principal de Plaza, puesto que fue el primero en abrirse, y en el que se habla de una malversación de 157 millones. Aquí son 25 los encausados y entre ellos están Becerril, Esco y también Agapito Iglesias. En este, quien arrastra más cargos es el exgerente, para quien se piden 23 años de prisión. El dueño de Codesport también está imputado en otro caso.