La banda ancha llegará a todo el territorio aragonés en cuatro años

El Gobierno de Aragón adjudicará antes de fin de año el contrato que garantizará que la banda ancha llegue a la práctica totalidad del territorio en un plazo máximo de cuatro años. Hasta cinco empresas compiten por mallar las tres provincias con fibra óptica, de forma que un total de 1.278 núcleos que suman el 10% de la población cuenten por fin con una red de comunicaciones en condiciones, con un mínimo de  30 megas. Además, el contratista deberá asegurar al menos a la mitad de los hogares aragoneses una conexión de 100 megas, que en el caso de 379 centros educativos deberá alcanzar los 50 megas.  

La inversión pública rondará los 38 millones de euros, lo que la convierte en la actuación más importante del Ejecutivo PP-PAR tras los hospitales de Teruel y Alcañiz. El contrato tiene una vigencia de siete años, aunque en los cuatro primeros se deberá instalar la red y en los tres restantes el adjudicatario deberá garantizar el mantenimiento y la explotación comercial.

Cualquier operadora podrá engancharse a la red y comercializar como minorista los servicios a particulares empresas e instituciones, un negocio que también podrá explotar la mayorista que asuma la construcción y mantenimiento de la red general a los precios fijados por la Comisión Nacional del Mercado de la Compentencia. A la finalización del contrato, que se podrá prorrogar otros dos años, la red de banda ancha revertirá a la Administración.  

El salto será cualitativo para los 1.278 núcleos que se verán directamente beneficiados, en los que se incluyen, además de 295 municipios y 379 centros educativos, decenas de polígonos industriales, urbanizaciones y hoteles que se encuentran fuera de los cascos urbanos. La medida repercutirá en la vida de casi 134.000 personas que en la actualidad cuentan con un precario acceso a Internet y que no era probable que dispusieran del despliegue previsto por parte de operadores privados. Es decir, se llevará la banda ancha a zonas de Aragón con severas carencias y en las que no es rentable acometer la inversión para las empresas.

El consejero de Industria, Arturo Aliaga, señaló que este despliegue tecnológico redundará en beneficio de ciudadanos y empresas. Así, será posible compartir en línea historiales clínicos, la toma de imágenes médicas a distancia y disfrutar de todo tipo de trámites telemáticos. Igualmente, los establecimientos turísticos podrán mejorar la gestión de reservas y los cobros a través de Internet, mientras que los agricultores podrán activar los sistemas de riesgo a distancia con plenas garantías, entre otros ejemplos.

Aliaga explicó que las cinco empresas que se han presentado (Telefónica, Vodafone, Retevisión, Overon y la UTE forma da por IngerTV y Nextiraone) participarán en un proceso de diálogo competitivo para definir las soluciones más adecuadas con la licitación propiamente dicha tras las fiestas del Pilar. Si se cumplen los plazos habrá adjudicatario en diciembre y las inversiones comenzarán de forma inmediata, garantizando "la neutralidad tecnológica" para que cualquier minorista pueda engancharse. "Hay que asegurar la igualdad en el acceso", añadió.

El consejero de Industria señaló que la DGA asume la inversión porque a los operadores no les resulta rentable llevar la banda ancha ultrarrápida a municipios pequeños, "algo que ya sucedió en los años 80 y 90 con la electrificación en las zonas rurales". La banda ancha ultrarrápida completará la actual red pública de infraestructuras de telecomunicaciones, que cuenta con 81 centros de TDT y una red óptica que conecta las tres capitales.