La amnistía que sepultó la memoria

Miles de ciudadanos sufrieron desapariciones forzosas en la guerra de El Salvador entre 1980 y 1992. La aprobación de una Ley de Amnistía en marzo de 1993, un año después de finalizar el conflicto armado, sepultó la esperanza de los familiares de encontrar a sus seres queridos y obtener justicia.

Ni la Alianza Republicana Nacionalista, el partido de la derecha que gobernó el minúsculo país centroamericano hasta 2009, ni el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la antigua guerrilla izquierdista que lo gobierna desde entonces, han sido capaces de buscar soluciones al mayor drama que sigue pendiente un cuarto de siglo después de la firma de la paz. Hasta que el 13 de julio del año pasado la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con 23 años de retraso, declaró inconstitucional la amnistía de 1993, que también impedía juzgar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos. El tribunal daba la razón a los miles de familiares víctimas de los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y las guerrillas salvadoreñas.

La Comisión de la Verdad documentó unos 5.000 casos de desapariciones forzosas, aunque hay registros de asociaciones de familiares que elevan este número a los 10.000, una gran parte detenidos, secuestrados y asesinados por agentes estatales. La inmensa mayoría de los restos siguen sepultados en lugares secretos.

Comisión de búsqueda

Aunque el actual presidente de El Salvador y antiguo líder guerrillero Salvados Sánchez Cerén afirmó hace casi tres años que su país tenía una deuda pendiente con los familiares de las víctimas, no ha sido hasta el sábado pasado cuando afirmó que se creará una comisión dedicada plenamente a la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra civil. El anuncio se realizó justo un día después de que decenas de hijos de salvadoreños desaparecidos que viven en Estados Unidos se reunieran con el gobernante.

El presidente salvadoreño aseguró que los hijos de salvadoreños desaparecidos "no buscan judicializar a nadie" y solo quieren "saber lo que pasó y conocer el destino de sus padres".

Una terrible peculiaridad salvadoreña fue el secuestro y la desaparición de niños y niñas. Unos 2.500 menores fueron robados por los militares como ‘botín de guerra’ durante los ataques a las aldeas o secuestrados después de asesinar a sus padres y entregados a una red que se lucró con la adopción en el extranjero (Estados Unidos y países europeos) después de pasar por orfanatos. En ella participaron militares, empresarios y abogados prominentes. Llegaron a crearse las llamadas ‘casas de engorde’, donde los bebés de familias muy humildes cogían peso para que la adopción fuese más rentable económicamente.

La Asociación Pro Búsqueda, creada por el jesuita español Jon Cortina, fallecido en diciembre de 2005, consiguió abrir más de 800 casos de menores desaparecidos y esclarecer unos 350 en dos décadas de actividades. En más de 200 casos los jóvenes encontrados se reunieron con sus familias biológicas y en medio centenar se estableció que los menores murieron en años posteriores a sus secuestros. En la actualidad se sigue buscando a 538 niños y niñas.