Varios alcaldes mexicanos viven en EE. UU. por miedo a ser asesinados

Amenazados por los cárteles del tráfico de drogas en el norte de México, que en lo que va de año han asesinado a diez regidores municipales, varios alcaldes han trasladado su residencia a EE. UU. para proteger su seguridad y la de sus familias.

Se trata de regidores de los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León -fronterizos con EE. UU.- que en algunos casos viven de forma permanente en el país vecino y en otros reparten su vida entre sus viviendas situadas a ambos lados de la frontera, dijeron fuentes municipales.

En Tamaulipas, los casos más graves los representan los al menos seis alcaldes de ciudades fronterizas con Estados Unidos que se han visto forzados a cambiar su residencia al cercano estado de Texas.

"La ventaja para ellos es que cruzan el río Bravo y ya están en su ayuntamiento o en su casa", dijo una fuente del Partido Acción Nacional (PAN) que pidió no revelar su identidad, y explicó que la mayoría de estos regidores utiliza vehículos modestos para pasar inadvertido y evita traslados largos por carretera.

Otro numeroso grupo de alcaldes tamaulipecos ha decidido el último año de su mandato abandonar sus ciudades y refugiarse en otras localidades de México ante la ola de violencia que se recrudeció desde principios de 2010.

Dos de ellos salieron de sus comunidades y gobiernan diariamente "con el teléfono en la mano", refirió la fuente.

"El caso de los alcaldes no es privativo del PAN; también los regidores del PRI (Partido Revolucionario Institucional) han tenido que tomar medidas a favor de su seguridad", añadió.

Por esta situación, en las pasadas elecciones municipales el PAN rechazó presentar candidatos a alcaldes en algunos municipios debido al control que tiene sobre esos territorios la delincuencia organizada.

En algunos casos las amenazas son continuas y en otros llegan más allá.

Esta semana, un alcalde fue asesinado en Nuevo León y otro herido muy grave en Chihuahua, con lo que suman cinco víctimas mortales en el último mes y medio, diez en lo que va de año y una quincena desde que Felipe Calderón llegó a la Presidencia mexicana, en diciembre de 2006.

Uno de los estados más conflictivos es el de Chihuahua, en el que está la urbe más peligrosa del país, Ciudad Juárez. Fuentes municipales explicaron que en algún caso los presidentes municipales han optado por vivir en la estadounidense El Paso, fronteriza con Juárez, y cruzan a diario los límites para ir a trabajar.

Mientras tanto, el alcalde electo del municipio de Gran Morelos, Ricardo Solís Manríquez, se encuentra "muy grave" tras sufrir un atentado el viernes en una carretera del estado de Chihuahua.

La situación también es preocupante en el estado de Nuevo León, donde el jueves fue asesinado a tiros Prisciliano Rodríguez, presidente municipal de Doctor González, un mes después de que le ocurriese lo mismo al regidor de Santiago, Edelmiro Cavazos.

Un diputado estatal que prefirió el anonimato dijo a Efe que algunos municipios del norte presentan graves problemas de inseguridad y se están despoblando por la permanente emigración a otras ciudades del país o a Estados Unidos.

En la mayoría de las ocasiones, los cárteles del narcotráfico amenazan a las autoridades para que no intercedan en sus negocios a cambio de no atentar contra funcionarios municipales.

Y en muchos de esos casos, según las fuentes, los ayuntamientos apenas tiene entre dos y cinco patrullas, una media de 30 agentes y casi no cuentan con armas cortas para enfrentar al crimen organizado.

Pero no sólo hay alcaldes que se han visto obligados a emigrar forzosamente a territorio estadounidense, sino que también está ocurriendo con algunos altos funcionarios y sus familias.

Así ocurre con el actual secretario de Seguridad Pública y con el director de la Policía de Tijuana, en el estado de Baja California, cuyas familias han tenido que irse fuera del término municipal junto a la de algunos policías cuya residencia corre a cargo del Gobierno municipal.

Esta medida fue anunciada por el alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, con el objetivo de que los responsables policiales pudieran combatir al crimen organizado durante la actual administración, que termina a finales de noviembre.