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Internacional

COLOMBIA

Uribe dice que está siendo investigado por el escándalo de la 'parapolítica'

El arresto del ex senador Mario Uribe Escobar -primo del presidente colombiano, Álvaro Uribe-, investigado por sus presuntos nexos con los paramilitares, al serle negado el asilo en la embajada de Costa Rica, pone sobre el tapete una vez más las supuestas vinculaciones entre el mandatario y los grupos de extrema derecha.

Curándose en salud, el gobernante que aspiraría a una segunda reelección, adelantó ayer que él mismo está siendo investigado por las versiones de un ex paramilitar preso que lo involucrará en la matanza del Aro, donde murieron 15 campesinos. Según el ex 'para', Uribe se reunió con el líder guerrilleros Mancuso y los generales Ospina, Rosso José Serrano y Manosalva para planear la incursión en Ituango (Antioquia), en octubre de 2007.

El mandatario se defendió en una radio local asegurando que la supuesta reunión fue en noviembre y que el general Manosalva había muerto en abril". Argumentó también que desde el año 1988, la fuerza pública sabe dónde ha ido, dónde ha dormido y con quién se ha reunido.

El presidente también aseguró que no descarta la posibilidad de adelantar las elecciones para superar la inestabilidad provocada por este escándalo.

"Rodas las opciones"

En declaraciones a Radio Caracol, Uribe reconoció que se están analizando "todas las opciones", y reveló que desde el domingo pasado se ha reunido con los grupos parlamentarios para tomar la decisión más adecuada para hacer frente a la crisis política.

"No me voy a dejar presionar, necesitamos examinar ese tema con mucho cuidado y tomar la mejor decisión", indicó Uribe, para quien es un "error histórico" de los colombianos pensar que los problemas se solucionan con reformas constitucionales, tras lo cual señaló que su Gobierno "no va a poner al país a dar saltos hacía la incertidumbre".

"Lo que se debe recordar es que este Gobierno fue el que desmontó el paramilitarismo, lo combatió y obligó a la desmovilización", precisó el jefe del Estado.

Estas declaraciones de Uribe se produjeron poco después de que los rumores precedieran a la orden de detención de su primo -y uno de sus hombres de confianza- quien fue senador del Partido Colombia Democrática y renunció a su fuero tras ser vinculado en septiembre de 2007 por la Corte Suprema de Justicia al proceso de la 'parapolítica' y el caso fue asumido por la Fiscalía.

Tras conocer la orden de captura, Uribe Escobar ingresaba en la embajada de Costa Rica y pedía asilo político. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano respondió con rapidez: "La Cancillería considera improcedente el asilo al señor Mario Uribe".

Poco después, un vehículo de la fiscalía con cristales oscuros entraba en la sede diplomática para sacar, con grandes medidas de seguridad, al ex senador. Fuera de la embajada era recibido con gritos de "asesino, asesino" coreados por familiares de víctimas del paramilitarismo que criticaban el posible asilo. Ayer, Uribe Escobar quedaba recluido en una prisión del sur de Bogotá.

Una nota de la fiscalía informó de que lo investigaba por "una reunión que sostuvo con el ex cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso antes de las elecciones del 10 de marzo del 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias 'Pitirri' en noviembre de 1998".

El dolor del mandatario

El presidente Uribe no dudó en afirmar en un comunicado que la captura de su primo le duele. "Asumo este dolor con patriotismo, sin mengua en el cumplimiento de mis responsabilidades, con el interés único de proteger las instituciones, protección que además depende de los titulares de las otras ramas del poder público", aseguró.

Dijo también que la familia de su pariente había sido amenazada con un sabotaje si el ex senador no se entregaba a la Justicia.

Actualmente, 32 congresistas y ex diputados están presos y otros 30 están bajo investigación acusados de tener nexos con los paramilitares. Estos grupos surgieron en los años 80 contratados por empresarios y ganaderos como guardaespaldas frente a las guerrillas. Se reconvirtieron en un ejército paralelo que vive del narcotráfico y al que se acusa de terribles violaciones de los derechos humanos, fundamentalmente entre campesinos supuestamente partidarios de la guerrilla.

Los 'paras' pactaron con el Gobierno de Uribe su desmovilización y hasta el momento unos 30.000 han entregado las armas. Sin embargo, la oposición acusa a Uribe de haber sido muy indulgente con ellos y ofrecerles beneficios, de modo que la mayoría de ellos puede quedar en libertad en apenas ocho años.

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