El Gobierno británico ha sido obligado a desvelar las discusiones confidenciales mantenidas en las reuniones del Gabinete en marzo de 2003 en las que se decidió la implicación del Reino Unido en la invasión de Iraq, después de que el Tribunal de Información confirmase que el contenido de los debates es "de interés público".

La resolución culmina así una prolongada batalla legal promovida por los grupos que reclaman su derecho a conocer las conversaciones del Ejecutivo que encabezaba Tony Blair cuando apostó por sumarse a la operación liderada por Estados Unidos contra el régimen de Sadam Husein, al que acusaba de contar con armas de destrucción masiva. Esta operación dio como resultado la célebre instantánea del trío de las Azores, en la que junto a Blair y al ex presidente norteamericano, George W. Bush, se encontraba también el por entonces mandatario español José María Aznar.

La iniciativa fue asumida por el comisionado británico de Información, Richard Thomas, quien ya en febrero había obligado a la difusión de las grabaciones en base a la Ley de Libertad de Información y pese a la oposición del Ejecutivo de Gordon Brown, que ha insistido reiteradamente en que esta normativa no ha sido diseñada para dar como resultado la publicación de datos como los contenidos en las reuniones de Gabinete.

Así, Thomas había determinado que el interés público de las conversaciones mantenidas en las reuniones previas a la entrada en Bagdad el 19 de marzo de 2003 era "mayor" que el de retenerlas en secreto. Sin embargo, el Gobierno apeló al Tribunal de Información, encargado de arbitrar en los casos en los que los organismos oficiales rechazan cumplir con las normas dictadas por el comisionado y que, en esta ocasión, se pronunció a favor de los argumentos de Thomas.

De esta forma, el Gobierno está obligado a revelar el contenido de las reuniones de Gabinete del 13 y del 17 de marzo, en las que se discutió si la invasión contaba con la autorización de la normativa internacional, si bien, en caso de negarse, tiene todavía un plazo de 28 días para apelar al Alto Tribunal (equivalente al Supremo español).

Al respecto, un portavoz de Downing Street avanzó que "todavía se está considerando la respuesta" ante un dictamen que sostiene que las "circunstancias excepcionales" relacionadas con ambos consejos de ministros justifican su publicación.

No obstante, el Ejecutivo contaría aún con un último resorte para evitar la difusión mediante la emisión de un veto ministerial que la prohíba y al que tiene derecho también bajo la Ley de Libertad de Información. Sin embargo, esta vía nunca se ha utilizado en los cuatro años en los que esta normativa lleva en vigor.

"Por mayoría y no sin dificultad"

Así, en su dictamen, el tribunal dijo haber resuelto "por mayoría y no sin dificultad", pero concluyó que, pese a la importancia de la confidencialidad, el de Iraq es un "caso excepcional" con una "combinación de factores tan importantes que, sumados, generan unas razones muy poderosas de interés público para su difusión".

Con todo, admitió que parte de los debates salgan a la luz simplemente redactados, o editados, para "evitar un riesgo innecesario para las relaciones internacionales del Reino Unido", así como que "determinadas anotaciones informales" correspondientes a aquellas dos citas permanezcan en secreto. En este punto, el caso ha reabierto ya el debate sobre la participación británica en la guerra de Iraq y el papel jugado por los entonces protagonistas del debate, especialmente el fiscal general del Estado, lord Goldsmith, quien supuestamente en principio había puesto en duda la legitimidad de la operación para, posteriormente, mantener que era compatible con la legislación internacional, argumento al que se arrogó el primer ministro.

El comisionado de Información se mostró ayer "satisfecho" por una decisión que permitirá a los ciudadanos "entender mejor esta particular decisión", que ha quedado como la más impopular de las adoptadas por Blair en la década que se mantuvo en el poder.