Las fotografías de víctimas de los "vuelos de la muerte" de la dictadura militar argentina entregadas este jueves a la justicia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen una prueba documental de excepcional importancia sobre la represión del régimen, según responsables de la CIDH.

Cerca de treinta años después del final de la dictadura militar argentina (1976-1983), el secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, entregó al juez federal Sergio Torres 130 fotografías y expedientes de víctimas del régimen que permanecían en los archivos de la Comisión desde 1979.

La documentación, explicó Canton, "contiene una descripción estricta del estado de los cuerpos, las autopsias, de quiénes encontraron los restos, de oficiales que intervinieron en estos casos".

La información, añadió, "puede probar claramente la existencia del plan sistemático en relación con los vuelos de la muerte", y su importancia radica, además, en que "son datos inmediatos a la sucesión de los hechos". "Hoy en día hay pruebas testimoniales de lo ocurrido hace 30 años, pero esta documentación contiene información del momento y tiene un gran valor probatorio", agregó.

"Hasta el momento no había habido una prueba documental de tanta importancia", afirmó el secretario ejecutivo de la CIDH, convencido de que las pruebas podrían arrojar luz sobre la identidad de cientos de víctimas.

Víctimas como la joven cuyo cuerpo apareció el 22 de abril de 1976 en Laguna de Rocha (Uruguay), con "signos de violación con objetos punzantes; fracturas múltiples y codo destrozado en el brazo izquierdo; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haberlas tenido atadas, enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo, destrozo total de cráneo y del macizo óseo facial", según el expediente entregado hoy al juez Torres.

Una gran parte de la documentación corresponde a víctimas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de detención clandestina de la dictadura militar, que, según estimaciones de organizaciones humanitarias, dejó unos 30.000 desaparecidos.

Canton apuntó que no hay certeza sobre el origen de la documentación, aunque medios locales informaron de sospechas de un marino de los servicios de inteligencia de la prefectura uruguaya -Daniel Rey Piuma- que en 1980 huyó a Brasil con archivos oficiales.

El funcionario explicó que parte de la documentación es inédita, aunque hay imágenes que en su día, hace tres décadas, fueron publicadas por medios uruguayos, pero sin precisar la identidad de las víctimas.

La Comisión, que tradicionalmente ha guardado con estricta reserva la información relativa al tema, decidió cambiar de criterio debido a la solicitud presentada por el juez Torres y a la importancia de las pruebas para los procesos judiciales que se desarrollan en Argentina, con el objetivo de que "esta documentación ayude a que se haga justicia", concluyó el funcionario de la CIDH.

Para el juez Torres, "esto abre una cantidad de posibilidades porque puede haber muchas más fotos, abre un abanico de posibilidades en la causa de la Esma y los vuelos de la muerte".

La documentación, añadió Canton, se entrega al juez Torres en calidad de "préstamo", mientras dura el proceso judicial abierto en Argentina, y posteriormente se devolverá a la Comisión, que estudiará su destino.

Esta es la segunda entrega que recibe el juez Torres, quien viajó a Washington para revisar unas 80 cajas con expedientes sobre denuncias recibidas por la CIDH.

En la megacausa que se instruye por delitos de lesa humanidad cometidos en la Esma, el juez Torres ha dictado el procesamiento de tres pilotos de la Prefectura Naval (guardacostas), un antiguo suboficial naval y un abogado acusados de participar de los "vuelos de la muerte", crimen admitido por el que fuera marino Adolfo Scilingo, quien cumple una condena de 1.084 años de prisión.