Raúl Baduel, ex ministro de Defensa del presidente venezolano Hugo Chávez y ahora en la oposición, ha sido enviado a prisión preventiva por un presunto delito de corrupción, mientras la oposición denuncia la persecución a la que son sometidos sus dirigentes.

La decisión de la justicia militar de ordenar el traslado del ex ministro a una cárcel castrense próxima a Caracas fue anunciada a la prensa por el abogado de Baduel, Omar Mora.

El defensor de general retirado indicó que el tribunal aceptó la la "medida privativa de libertad" que solicitó la Fiscalía y desechó la "sustitutoria de libertad condicional" que él pedía.

En opinión del abogado, las acusaciones formuladas por la Fiscalía militar contra Baduel por presunta sustracción de fondos durante su gestión ministerial, no son más que una venganza política "por la oposición abierta" del ex ministro "al régimen de Chávez".

El que fue titular del ministerio de Defensa, apresado ayer en la ciudad de Maracay, donde reside, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas, atribuyó a su vez, en declaraciones citadas por la emisora privada Unión Radio, su detención a "órdenes" dadas por el presidente venezolano, actualmente de gira en Asia.

La detención del militar, considerado artífice de la vuelta a la Presidencia de Chávez tras el golpe de Estado de 2002 que le derrocó durante 48 horas, se ha sumado esta semana a la polémica en torno a la situación del líder opositor Manuel Rosales, contra quien la Fiscalía ha solicitado una orden de detención.

Rosales, que fue candidato presencial de la oposición en las presidenciales de diciembre de 2006 ganadas por Chávez, se encuentra desde hace unos días "resguardado" en un lugar "seguro", según su partido, mientras diputados oficialistas le acusan de haber huido del país.

El dirigente opositor debe presentarse el próximo 20 de abril ante los jueces que escucharán sus alegatos frente a la acusación de enriquecimiento ilícito que se le imputa y decidirán si sigue en detención preventiva.

En opinión del analista Luis Vicente León, tanto el arresto de Baduel como el procesamiento contra Rosales responden a la estrategia de Chávez que quiere "mostrar su poder" e "intimidar" a sus adversarios.

El presidente venezolano busca "aprovechar el momento" en que se ha producido "un incremento de su popularidad", después del referendo que el pasado 15 de febrero le abrió las puertas para aspirar a un nuevo mandato en 2012, y ataca "símbolos" para mostrar que "controla", declaró.

Respecto a Rosales, el director de Datanálisis consideró que el dirigente opositor se encuentra ante "un dilema terrible", ya que si se entrega a la policía va a la cárcel porque está ya "pre-castigado", y si no se entrega "políticamente (esa decisión) lo destruye".

Varios dirigentes opositores rechazaron hoy lo que calificaron de "arremetida judicial" del Gobierno contra policías, militares y políticos, mientras, desde las filas oficiales, se aplaudían las sentencias y decisiones.

Para los adversarios de Chávez, las condenas de hasta 30 años de cárcel dictadas contra jefes policiales acusados de varias de las 19 muertes registradas durante el golpe de Estado de 2002, se sumaron a la ofensiva que denuncian contra miembros de la oposición.

Luis Planas, presidente del partido democristiano COPEI, dijo que esas condenas, junto con las medidas contra Baduel y Rosales, responden a un plan de Chávez "para aniquilar a la disidencia política". "Es el pueblo burlado el que tiene que reaccionar", señaló Planas a los periodistas.

Por su parte, Luis Carlos Solórzano, secretario general del mismo partido, manifestó que "de manera abierta e ilegal", el presidente venezolano "actúa para perseguir, atropellar y pisotear a quienes disienten de su régimen".

El secretario general del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, dijo a su vez a la emisora caraqueña Unión Radio que lo sucedido entraña "una desvergüenza y una cruel indolencia", mientras el dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, consideró que Chávez actúa "a toda velocidad para imponer el miedo".

Para Delsa Solórzano, coordinadora del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) de Rosales, los tres casos evidencian que Chávez requiere de "chivos expiatorios", pero aún así no podrá ocultar que "en el país se está viviendo la criminalización de la disidencia, al igual que en los tiempos del nazismo en Alemania".