Los asesinos de Rosenberg se entregan

Los hermanos Francisco José y José Estuardo Valdés Paiz, supuestos autores intelectuales del asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, se entregaron hoy a la Justicia en un acto que para el Gobierno de Álvaro Colom permitirá a los tribunales esclarecer definitivamente el caso.

Un portavoz de la Presidencia dijo que "ahora que al parecer están todas las piezas del rompecabezas" corresponde a la Justicia esclarecer este asesinato que conmocionó a la sociedad guatemalteca.

Los hermanos Valdés, prestigiosos empresarios de la industria farmacéutica local, e íntimos amigos de Rosenberg, son acusados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de haber contratado al grupo de sicarios que el 10 de mayo de 2009 asesinaron al abogado en un barrio residencial del sur de la capital.

La muerte de Rosenberg desató un escándalo político nunca antes visto en este país centroamericano, y puso en vilo al gobierno de Colom, al divulgarse un vídeo grabado por el jurista antes de su crimen, en el que acusó de su muerte al mismo mandatario, su esposa Sandra Torres y su secretario privado, Gustavo Alejos, entre otros.

Tras una ardua investigación de más de ocho meses, en la que participaron 300 especialistas de once nacionalidades, la Cicig exculpó a la pareja presidencial y a Alejos de este crimen, y concluyó que fue el mismo Rosenberg "agobiado por "una situación anímica muy peculiar" quien planificó su propio asesinato.

El jurista español, Carlos Castresana, jefe interino de la Cicig desde que renunciara a principios de junio, ha dicho en una rueda de prensa que los Valdés, que se encontraban prófugos de la justicia desde diciembre último, "se presentaron de forma voluntaria" a esa entidad, y que de inmediato fueron puestos a disposición de los tribunales.

Bajo fuertes medidas de seguridad, los imputados comparecieron ante la responsable del juzgado décimo de Primera Instancia Penal, Verónica Galicia, pero se abstuvieron de declarar sobre los cargos de asesinato y asociación delictiva de los que les acusa.

Según Galicia, los abogados de los Valdés pidieron tiempo para estudiar el voluminoso expediente de la investigación, por lo que reprogramó la audiencia para el próximo lunes, y ordenó el traslado de los detenidos a una base militar de esta capital en donde guardarán prisión preventiva.

La decisión de Galicia se basa en un acuerdo interinstitucional que entró en vigor la semana pasada y establece que los reos que a criterio de un juez sean considerados "vulnerables" o cuya integridad física corra peligro serán resguardados en una base o sede militar de la capital guatemalteca bajo el resguardo del Ejército.

La entrega de los Valdés se produjo al mismo tiempo que en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia se iniciaba el juicio contra los nueve autores materiales del asesinato de Rosenberg, entre los que se cuentan cuatro ex agentes de la Policía Nacional Civil y un ex militar, y cuya celebración ha estado bajo secreto procesal.

Los imputados, que según la Cicig integraban una banda de sicarios, tráfico de drogas, secuestros, asaltos y extorsiones, y que fueron capturados en septiembre del año pasado, se enfrentan a los delitos de asesinato, asociación para delinquir y uso ilegal de armas de fuego.

Otros dos integrantes de esa banda, que también participaron en el crimen de Rosenberg, fueron absueltos hace dos meses tras acogerse a la figura de "colaborador eficaz", a cambio de informar sobre los detalles del asesinato.

Se prevé que el juicio, al que han sido convocados más de 30 testigos y expertos, se extienda durante varias semanas, y que la información del mismo, así como del proceso en contra de los Valdés, sea limitada a la prensa, debido a que a petición de la Cicig la jueza Galicia ha decretado "reserva judicial" sobre el mismo.

Con relación a este caso, también están en prisión desde el 9 de junio, el empresario Juan Miguel Fuxet, y el comunicador Rodolfo Ibarra, a quienes la Cicig acusa de orquestar una "campaña mediática" para desprestigiar la imagen de la comisión y de Castresana, y desvirtuar la investigación criminal en contra de los Valdés.