Los documentos filtrados ponen nombres a las víctimas de la guerra

El alud de documentos sobre la guerra de Iraq recibidos de fuente anónima por Wikileaks y publicados luego por la organización fundada por Julian Assage pone por primera vez nombres a las víctimas de una guerra lanzada en marzo de 2003 por EE. UU. y el Reino Unido para deshacerse de Sadam Husein.

Donde antes había sólo frías estadísticas, quienes buceen en los cerca de 400.000 documentos sobre la guerra que uno o varios individuos - aún no se sabe- filtraron a Wikileaks encontrarán ahora personas concretas, que ejercían una determinada profesión y murieron de tal o cual manera en este o aquel lugar.

Los "Iraq War Logs", denominación inglesa con la que pasarán sin duda a la historia, documentan la guerra y ocupación del país árabe desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2009, con excepción de un par de meses, todo ello según fuentes militares estadounidenses mantenidas ahora en secreto.

Pero las simples cifras son ya escalofriantes y dan cuenta de la magnitud de la masacre: 109.032 muertes, de ellas 66.081 civiles, 23.984 enemigos, calificados por el Pentágono de "insurgentes" 15.196 militares iraquíes y 3.771 de los países de la coalición invasora.

Más de un 60 por ciento son víctimas civiles, lo que equivale a unos 31 civiles muertos cada día durante seis años en un conflicto más mortífero de lo que ha sido hasta ahora la guerra de Afganistán.

En un principio, los norteamericanos negaron que llevasen la cuenta de los muertos civiles, y el anterior presidente de EE. UU., George W. Bush, aseguró en su día que Estados Unidos haría todo lo posible por evitar ese tipo de muertes, algo que contradicen las cifras publicadas, que hablan además de 176.000 heridos.

En ese período de cinco años, un total de 180.000 iraquíes, uno de cada cincuenta adultos varones, fueron además encarcelados, y los norteamericanos hicieron la vista gorda a las torturas e incluso asesinatos por las fuerzas de seguridad de ese país.

Los despachos publicados ahora revelan que se ordenó expresamente a los militares estadounidenses que no investigaran la violencia ejercida por unos iraquíes contra otros, a lo que estaban obligados como potencia ocupante y pese a que estaban muy al tanto del nivel de violencia sectaria: más de 32.500 asesinatos, más de 10.000 muertos de un disparo en la cabeza, casi 450 decapitados.

Por primera vez se conocen los nombres de muchas de esas víctimas y "cada una de ellas cuenta una historia de sufrimiento humano y de muerte", afirmó hoy John Sloboda, responsable de la organización británica "Iraq Body Count", que participó en una conferencia de prensa en Londres junto al fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Según Sloboda, "no podrá cerrarse el capítulo de ninguna guerra mientras no se reconozca hasta la última víctima y sus circunstancias", lo que hacía, dónde trabajaba, cómo murió, dónde está enterrado, algo que tal vez posibiliten por primera vez los documentos filtrados.

El australiano Assange por su parte aseveró que la verdad fue la "primera víctima de la guerra", aludiendo a los motivos aducidos para atacar a Irak, a las informaciones facilitadas durante el conflicto y a los intentos actuales de silenciar a su organización.

Los ataques contra la verdad comienzan antes de la guerra, continúan mientras dura y prosiguen una vez oficialmente acabada, dijo.

El fundador de Wikileaks justificó el rol de su organización porque "la verdad debería hacerse siempre pública", pero reconoció que "ése no es el mundo en que vivimos", por lo que explicó que si otros no lo hacen, lo seguirán haciendo ellos.

Algo así pudo decir hoy el estadounidense Daniel Ellsberg, el analista militar de la Rand Corporation que en 1971 filtró al New York Times los famosos papeles del Pentágono, un estudio ultrasecreto que ponía de manifiesto cómo el presidente Lyndon B. Johnson había mentido al Congreso y al pueblo norteamericanos sobre la guerra de Vietnam.

Ellsberg, que era el invitado sorpresa de la conferencia de Wikileaks, felicitó a Assange e invitó a su organización a continuar su labor, tras comparar lo que ésta hace ahora con lo que supuso en su día la filtración de los documentos del Pentágono.

El Gobierno de Richard Nixon demandó entonces al diario neoyorquino por poner en peligro la seguridad nacional y un tribunal de apelaciones ordenó parar su divulgación tras la aparición de los tres primeros artículos.

Otros periódicos continuaron entonces la publicación, pero el Gobierno logró una vez más detenerla hasta que en junio de 1971 el Tribunal Supremo de EE. UU. decidió -por seis votos contra tres- revocar aquella decisión gubernamental.