La OEA da un ultimátum de 72 horas para restituir a Zelaya en Honduras

buenos aires. Tras un intenso debate entre sus miembros, la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió ayer otorgar 72 horas al Gobierno golpista de Honduras para restablecer el Estado de derecho en ese país. De no cumplirse la resolución el sábado, Honduras podría ser suspendido del organismo hemisférico.

Con ese ultimátum, el presidente depuesto, Manuel Zelaya, que se aprestaba a retornar hoy a su país, decidió postergar su regreso hasta el sábado. "Ha comenzado la cuenta regresiva para mi retorno", advirtió desde Panamá, adonde viajó para asistir a la asunción del presidente Ricardo Martinelli.

La OEA exigió el "inmediato, seguro e incondicional retorno del presidente a sus funciones constitucionales". Horas antes, la ONU había reclamado el restablecimiento "inmediato e incondicional" del Gobierno, pero ante la resistencia manifestada por los golpistas, los países del continente agregaron a la exigencia la palabra "seguro".

Los representantes debatieron airadamente sobre los términos de la resolución. Los países aliados de Venezuela (Bolivia, Ecuador, Nicaragua) y Argentina reclamaban una sanción a Honduras sin más plazo. Pero EE. UU., México, Colombia, Costa Rica y Perú propusieron el ultimátum que fue la medida aprobada finalmente.

Mientras tanto, el nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, acusó ayer al gobernante de Venezuela, Hugo Chávez, de ser el responsable de la crisis que vive el país. "La intervención del Gobierno de Hugo Chávez es clara y definida en esta situación que está viviendo Honduras", dijo en rueda de prensa Micheletti, quien por decisión del Parlamento de su país asumió el poder tras la destitución del presidente Zelaya.

En su opinión, todo el mundo irá conociendo que las autoridades tenían que tomar la decisión de destituir a Zelaya, quien pretendía reformar la Constitución para lo cual impulsaba una "consulta popular" pese a una prohibición legal.

"Tenemos la fortaleza y la fe en Dios que poco a poco, al conocerse, vamos a ir logrando el objetivo de que reconozca el mundo entero que teníamos que tomar esta decisión por la legalidad, por la ley, por la Constitución de la República", insistió.

Micheletti dijo que si Zelaya regresa al país con la intención de ser restituido como presidente de Honduras debe presentarse a los tribunales de justicia por delitos de los que se le acusa. Sin embargo, no descartó que si Zelaya fuera declarado "inocente" se sentaría a dialogar con él "para resolver el problema".

Micheletti se preguntó por qué la OEA y otras entidades "no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Honduras".

Sobre la salida abrupta de Zelaya, dijo que "no se le tocó", que nadie ha sido golpeado, ni se derramó sangre". También expresó que "desconoce qué autoridad decidió" que Zelaya fuera enviado a Costa Rica tras ser detenido por los militares.

Micheletti añadió que sería lamentable que la comunidad internacional aislara a Honduras en respuesta a la destitución de Zelaya, y agregó que si los embajadores se van del país "pues no tenemos alternativa, nos va a doler mucho porque hemos sido amigos durante muchos años".

Por su parte, el depuesto mandatario había previsto regresar hoy a su país, escoltado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y por colegas como la argentina Cristina Fernández y el ecuatoriano Rafael Correa. Pero el viaje se ha aplazado y podría no realizarse como estaba planteado. No se descarta que el retorno sea con Insulza y un grupo de cancilleres.

Mientras las partes siguen con la artillería verbal en una crisis que parece escalar día a día, fuentes diplomáticas de la región admiten que el plazo otorgado por la OEA abrió un tiempo para la negociación. Se espera que los golpistas se avengan a aceptar el regreso de Zelaya para completar su mandato. Dejaría de lado, en esta hipótesis, la controvertida iniciativa de llamar a una consulta popular que fue lo que detonó el golpe de Estado del domingo 28.

Entretanto, en Honduras, una treintena de ministros y s

ecretarios del Gobierno depuesto, muchos desde la clandestinidad, se negaron a reconocer a Micheletti. Los medios de prensa siguen intervenidos, según denunció la Relatoría Especial para la Libertad De Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.