La visita ayer a la zona de la catástrofe del golfo de México tiene el objetivo de manifestar en hechos lo que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó la víspera desde la Casa Blanca: que el Gobierno está “a cargo” en el manejo de la crisis desatada por la marea negra.

Pero es difícil que su viaje a Luisiana logre del todo el objetivo del mandatario, mancharse solo un poco las botas con el petróleo que ya asola las costas de ese sureño estado norteamericano. Y es que, por mucho que lo haya intentado frenar, el Gobierno de Obama no ha conseguido evitar verse salpicado por una catástrofe natural que los expertos ya califican como la peor de la historia de su país y cuya mancha se extiende más allá del golfo: por la misma presidencia del mandatario demócrata.

Según una encuesta de Gallup publicada esta semana por el diario ‘USA Today’, más de la mitad de los estadounidenses creen que la respuesta de Obama a la marea negra ha sido “pobre” o “muy pobre”. Este y otros sondeos demuestran que se ha producido un traslado de la “frustración y enfado” popular que el mismo Obama ha admitido sentir y que en las primeras semanas de la catástrofe se centraba en la petrolera BP, destacó ayer ‘The Washington Post’, para quien el mandatario está “luchando por demostrar que es él el que tiene el control del derrame”.

Las consecuencias inmediatas de la catástrofe ya están claras. Obama anunció el jueves medidas más duras contra la industria petrolera, prolongó seis meses la moratoria para realizar más perforaciones en el mar que había sido impuesta tras el accidente del 22 de abril y postergó los planes para dos exploraciones frente a la costa de Alaska, además de cancelar los contratos de arrendamiento previstos en el golfo de México y frente a la costa del estado de Virginia.

Unas medidas que complican aún más sus planes de eficiencia energética en un país que es un ávido consumidor de petróleo.

Más preocupantes aún para el Gobierno son las consecuencias a mediano y largo plazo, con unas difíciles elecciones en el Congreso en noviembre y en las que este revés podría pasarle factura a los demócratas.

De otro lado no faltan las voces que recuerdan que había muchos puntos oscuros en el sistema de alerta y fallos en las propias agencias federales. El mismo Obama afirmó el jueves que su Gobierno no actuó con la “suficiente urgencia” para reformar la regulación de la industria y que les llevó “demasiado tiempo” medir la magnitud del derrame de petróleo.

La primera cabeza rodó el jueves, con la renuncia -oficialmente de motu propio- de la directora de la agencia federal de Gestión de Servicios Minerales, Elizabeth Birnbaum. Se trata de una de las oficinas responsables que, reconoció Obama, han mantenido una relación “íntima y a veces corrupta” con la industria petrolera en los últimos años. Con todo, no son pocos los que reclaman ajustes de responsabilidades más fuertes.