El reciente linchamiento de cuatro policías bolivianos por parte de nativos que se escudan en la 'justicia indígena' reabrió el debate sobre si los usos ancestrales de los pueblos precolombinos, consagrados en varias constituciones americanas, justifican asesinatos y torturas.

Miles de linchamientos se han registrado en el continente -solo en Guatemala más de 2.500 desde 1996, según la Academia de Lenguas Mayas- pero quienes promueven la también llamada justicia 'originaria' insisten en que esta no incluye homicidios ni castigos crueles o denigrantes.

Los roces de la 'justicia indígena' con la llamada 'ordinaria', de herencia europea, se deben en parte a que algunas constituciones, como la boliviana, no limitan con precisión dónde ni cuándo termina una y empieza la otra, explican políticos, analistas y diplomáticos.

En Guatemala, con un 42% de población indígena, hay una sola legislación para los 14 millones de habitantes, pero algunas etnias piden aplicar el 'derecho consuetudinario', basado en su cosmovisión y en normas no escritas.

La Fundación de Rigoberta Menchú, ganadora del Nobel de la Paz en 1992, aseguró en un informe que los linchamientos "son producto de la desesperación de las comunidades que han sido abandonadas por el Estado" y carecen de jueces, fiscales y policías.

En Bolivia, donde los linchamientos son frecuentes, pero nadie lleva la cuenta, también surgen voces que justifican la tortura y el reciente asesinato de cuatro agentes en Uncía, aldea del departamento de Potosí.

El mallku (cacique) de los ayllus (clanes) del Altiplano, Rafael Quispe, dijo que es un aviso al presidente boliviano Evo Morales, quien está más preocupado por asuntos partidistas que por la presencia del Estado en comunidades víctimas de malos policías. "Ajusticiaron con mano propia. No es parte de la justicia comunitaria, sino que están cansados por este tipo de arbitrariedades y la ausencia del Estado en los ayllus", aseguró Quispe.

En cambio, la diputada opositora Norma Piérola dijo que en Bolivia -con 45% de amerindios de sus 11 millones de habitantes- urge una ley de "deslinde jurisdiccional", así como aclarar que los indígenas no pueden linchar a policías, pues su "justicia" debe aplicarse solo a controversias de las comunidades.

Tras el linchamiento en Bolivia, la Policía abandonó la zona y el Gobierno de Morales se limitó a suplicar a los asesinos que entregaran los cuerpos, sin éxito, y los parientes tuvieron que ir a la zona sin escolta y firmar documentos en los que prometen no demandar a los homicidas, en un canje de cadáveres por impunidad.

Algunos indígenas americanos defienden su derecho ancestral porque, según dicen, los castigos comunitarios -como azotes en público, trabajos forzados o destierro- son más ejemplarizantes y acertados que encerrar a la gente en cárceles atestadas e insalubres, que son escuelas de delincuencia.