DERECHOS HUMANOS

La justicia europea exime a Suiza de practicar el suicidio asistido a uno de sus ciudadanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado la demanda de un hombre que exigía la condena de su país por no haberle ayudado a acabar con su vida.

El Tribunal de Estrasburgo estimó "legítima" la exigencia en la legislación suiza de que haya que obtener una receta médica para conseguir el pentobarbital sódico utilizado para el suicidio terapéutico.


"Se trata en particular de proteger a cualquier persona de una decisión precipitada, así como de prevenir abusos", sobre todo "en un país como Suiza que permite bastante fácilmente la asistencia al suicidio", señaló en su sentencia.


Los jueces europeos subrayaron "los riesgos de abusos inherentes a un sistema que facilite el acceso al suicidio asistido" y por eso consideraron que la negativa a suministrar al demandante el pentobarbital sódico que reclamaba es una garantía para "la protección de la salud, la seguridad pública y la prevención de infracciones penales.


La corte recordó además que dentro de los países miembros del Consejo de Europa no hay coincidencia sobre el derecho de un individuo sobre la manera y cuándo quiere poner fin a su vida.


Constató que en "la gran mayoría de los Estados" se da más peso a la protección de la vida que al derecho a ponerle fin, aunque en Suiza no están penadas ni la incitación ni la asistencia al suicidio, salvo cuando se cometen por un móvil egoísta.


Ernst G. Haas, nacido en 1953 y residente en la localidad suiza de Melten, está afectado por un grave alteración afectiva bipolar desde hace veinte años y considera que no puede vivir de manera digna por lo que ha pedido asistencia para quitarse la vida.


Tras dos intentos de suicidio, en junio de 2005 Haas recurrió a diferentes autoridades cantonales y federales para que se le administrara sin receta el pentobarbital sódico.


Sin embargo, el Tribunal Federal suizo rechazó al año siguiente sus recursos porque aunque no cuestionó su derecho a decidir su propia muerte, lo distinguió de un derecho de recibir asistencia al suicidio por parte del Estado. Tras ese dictamen, en mayo de 2007 Haas escribió a 170 psiquiatras para exponer su caso y pedirles un examen con vistas a obtener una receta de la sustancia letal. Pero ninguno le respondió positivamente.