Jiménez pide un informe sobre El Aaiún

Trinidad Jiménez simbolizó ayer en el Congreso la imagen de la soledad del Gobierno ante la crisis desatada por el violento asalto marroquí al campamento del Sahara. En este tema no hay socios parlamentarios que valgan. El PNV y Coalición Canaria (CC) fueron aún más duros que muchos otros grupos de la oposición, que de forma unánime exigió a la ministra de Asuntos Exteriores una condena explícita a Marruecos por los muertos y heridos en el asalto y por la represión posterior en la ex colonia española. El Ejecutivo se enrocó en su negativa y Jiménez, que reconoció el desgarro con el que los socialistas viven la polémica, solo contó con el “cariño” y “apoyo cerrado” de la portavoz de su grupo parlamentario.

La ministra adelantó que España, “como el resto de los países del mundo”, no emitirá condena o valoración alguna por lo ocurrido el 8 de noviembre en El Aaiún hasta que exista “un informe final, claro y con datos fehacientes”, que sea validado por la comunidad internacional. No mencionó quién elaborará el documento, aunque en un momento apuntó a la ONG vinculada a la ONU Human Rights Watch, que al parecer ya ha comenzado a trabajar sobre el terreno.

Jiménez, en lo que sonó como una rectificación a las palabras pronunciadas en Seúl por José Luis Rodríguez Zapatero, contestó a la oposición que al Gobierno “le ofende” que alguien piense que España, en su medida relación con Marruecos, “antepone sus intereses al respeto de los derechos humanos”. Se trata, añadió, de simple “prudencia y responsabilidad” -“no de mercadeo”- por la existencia de versiones diametralmente opuestas sobre lo ocurrido.

Guerra de cifras

Marruecos sostiene que los disturbios hubo 12 muertos -10 policías y dos civiles-, 70 heridos -la mayoría agentes- y 77 detenidos, mientras que el Frente Polisario contabiliza 36 muertos, 4.500 heridos y 2.000 detenidos, saharauis en su casi totalidad.

La ministra de Exteriores, que reivindicó su gestión, lo más lejos que llegó fue a mostrar “su profunda preocupación” por lo ocurrido, a “condenar la violencia, la ejerza quien la ejerza”, a pedir una investigación a fondo, a reclamar la presencia de periodistas en la zona sin limitaciones -espera una respuesta de Rabat en breve- y a defender que la única solución es el diálogo entre las partes.

Insistió en que el Sahara no es responsabilidad de España, que el contenciosos solo puede ser solucionado por la presión internacional y que, pese a todo, España se ha implicado en la solución “como ningún otro país”.

“Silencio bochornoso”

El popular Gustavo de Arístegui le contestó que el Ejecutivo español “está noqueado, contra las cuerdas y sobrepasado por los acontecimientos” y que, incluso, se ha convertido en “un freno” para la solución del problema al “romper la política de neutralidad” en favor de Marruecos y “sacrificar la credibilidad de España”.

El diputado del PP exigió un diálogo “firme” con el país vecino, porque una relación “privilegiada” es importante, pero “no a cualquier precio”.

Por su parte, Izquierda Unida cree que la ministra “miente” respecto a la falta de información y vaticinó que el Sahara será “el Waterloo electoral del Gobierno, como Iraq lo fue para el PP”.

ERC apuntó al Ejecutivo como parte “culpable” en estos hechos y dijo que guarda “un silencio hipócrita ante un genocidio”, al tiempo que CC le llamaba “cobarde” por su “silencio bochornoso”.

Mientras, el PNV dijo que, “mientras Marruecos aplaude, el pueblo saharaui llora” y, en clara referencia a las exigencias que el Gobierno le hace a la izquierda abertzale, afirmó que “no vale lamentar, hay que condenar”. “Seguro que le suena la dicotomía”, añadió irónico.

Los más templados en las críticas al Ejecutivo fueron UPN y CiU, que pidieron a la ministra más firmeza con Marruecos y más implicación en la solución del conflicto saharaui, pero que pusieron también énfasis en la necesidad de recomponer la unanimidad y la política de Estado en este asunto.

Mientras, el Gobierno marroquí autorizó ayer finalmente a los diarios ‘El País’ y ‘El Mundo’ a enviar redactores del medio para que se desplacen al Sahara a informar de la situación en la zona tras el asalto del campamento de protesta de El Aaiún, según informaron fuentes gubernamentales.

Asimismo, las autoridades marroquíes informaron al Gobierno español de que acepta retirar su decisión de revocar la acreditación del corresponsal de ‘ABC’ en Rabat, Luis de Vega, un trámite que tardará unos días en hacerse efectivo.

El Ejecutivo español había reclamado a Marruecos el mismo trato que da a los medios franceses.