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Internacional
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DÉFICIT PÚBLICO

Italia podría vender parte de sus bienes inmuebles para reducir su deuda

Esta medida entraría dentro del plan de ajuste presupuestario que prepara el Gobierno de Berlusconi y que todavía debe ser aprobado por el Parlamento.

El Gobierno italiano estudia la posibilidad de vender parte de su patrimonio inmobiliario, como cuarteles u oficinas pertenecientes al Estado, con el objetivo de recaudar fondos destinados a sanear las cuentas públicas.

Desde la oposición, se subraya la necesidad de que "la recaudación de esta operación se destine a la reducción de la deuda pública", que en Italia supera el 120 % del PIB, como ha señalado el diputado de Italia de los Valores Antonio Borghesi.

Según los medios italianos, que citan fuentes de la mayoría conservadora en el poder, la venta de cuarteles y oficinas estatales es una de las ideas con las que trabaja el Ejecutivo y se incluiría entre las nuevas medidas que se prevé incluir en el plan de ajuste presupuestario promovido por el Gobierno de Silvio Berlusconi.

El 12 de agosto, el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros un plan de ajuste de 45.500 millones de euros para el próximo bienio, con el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013.

El paquete de medidas, aprobado por decreto ley, llegará la próxima semana al Parlamento para su discusión y aprobación, pero estos días se han sucedido los rumores sobre modificaciones y nuevas iniciativas a introducir en el plan.

Una de las medidas previstas en ese programa y que despertó mayor recelo fue la de eliminar a partir de las próximas elecciones aquellas provincias con menos de 300.000 habitantes y con una superficie inferior a los 3.000 kilómetros cuadrados.

Esta medida, según los cálculos hechos por la prensa, puede llevar a la eliminación de una treintena de provincias y se topó con el desacuerdo de los representantes de los entes provinciales.

Otro de los puntos del plan que ha generado un importante debate en el país ha sido el llamado "impuesto de solidaridad", que prevé gravar con un 5 por ciento adicional las rentas anuales superiores a los 90.000 euros y con un 10 por ciento las que excedan los 150.000.

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