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EXPULSIÓN DE GITANOS

Francia se escuda en la distorsión del orden público y de la falta de recursos para justificar las expulsiones

Una representación del Gobierno francés encabezada por el ministro de Inmigración, Eric Besson, se reunirá mañana con los comisarios europeos de Interior, Justicia y Asuntos Sociales para dar cuenta de su polémica política de expulsión de gitanos rumanos y búlgaros.

Francia desmanteló 128 campamentos ilegales de gitanos y expulsó a 977 de sus ocupantes en un mes, según el balance que hoy ofreció el ministro del Interior, Brice Hortefeux, quien aseguró que la ofensiva sigue adelante.

"Los resultados son conformes" al compromiso del presidente galo, Nicolas Sarkozy, cuando el pasado 28 de julio anunció el desmantelamiento de la mitad de los campamentos ilegales en territorio francés en el plazo de tres meses, explicó el ministro en rueda de prensa junto al titular de Inmigración, Eric Besson, y al secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche.

"No hacemos más que aplicar las leyes en vigor", dijo el ministro del Interior antes de incidir en que "el Gobierno dice lo que hace y hace lo que dice".

Las operaciones de evacuación y desmantelamiento de campamentos ilegales "van a seguir porque son legítimas y necesarias", agregó.

Hortefeux reiteró que no se trata de estigmatizar a ninguna comunidad en concreto, ni de expulsar a gitanos por el hecho de serlo pero tampoco de "cerrar los ojos a la realidad".

Como ejemplo, el ministro dijo que los actos de delincuencia en París perpetrados por rumanos aumentaron un 259 por ciento en año y medio.

Francia dará explicaciones a UE

Una representación del Gobierno francés encabezada por el ministro de Inmigración, Eric Besson, se reunirá mañana con los comisarios europeos de Interior, Justicia y Asuntos Sociales para dar cuenta de su polémica política de expulsión de gitanos rumanos y búlgaros.

Besson, así como el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, tienen cita por la tarde en la Comisión Europea (CE) con los comisarios de Justicia, Viviane Reding; Interior, Cecilia Malsmström, y Asuntos Sociales e Inclusión, Laszlo Andor, informó un portavoz comunitario.

El Gobierno francés defenderá ante Bruselas la legalidad conforme a la normativa comunitaria del desmantelamiento de campamentos de gitanos y la expulsión incentivada de los gitanos residentes, casi en su totalidad rumanos y búlgaros.

A las dudas sobre la discriminación racial que podría esconderse tras la medida se suman las de origen legal, pues la Unión Europea (UE) tiene uno de sus principios capitales en la libertad de movimiento de los ciudadanos comunitarios.

Además de la legalidad de las medidas francesas, también se analizarán las ideas expresadas por representantes franceses y rumanos en la reunión que mantuvieron la pasada semana en París, así como la integración de las comunidades romanís en la sociedad.

El origen de la reunión en Bruselas es fruto de una conversación telefónica entre el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, y el primer ministro francés, François Fillon, la pasada semana, en la que este último aseguraba que la medida adoptada por Francia respetaba "plenamente" las normas comunitarias.

La llamada telefónica se produjo poco después de hacerse pública la convocatoria, el próximo 6 de septiembre en París, de una reunión informal sobre inmigración ilegal auspiciada por el Gobierno francés extramuros de la infraestructura comunitaria y a la que sólo estarían invitados algunos países de la UE (entre ellos España e Italia), así como EEUU o Canadá.

A la cita ha sido invitada la comisaria Malsmström, que ha confirmado haber recibido la invitación pero no su asistencia.

Por otro lado, las conclusiones de la reunión de mañana podrían añadirse al estudio legal que la comisaria Reding presentará este miércoles a la CE, que inicia ese día una reunión a puerta cerrada durante dos días en un palacete de Bruselas para analizar las principales cuestiones del inicio del curso político.

Si se comprueba que la expulsión de gitanos en Francia no se ajusta a la legislación de la UE, Bruselas puede iniciar un procedimiento contra el país, ha informado un portavoz de la CE.

Según la directiva europea de libre circulación de personas, todos los ciudadanos comunitarios pueden moverse libremente por las fronteras de la UE gracias al principio de la libertad de movimiento, aunque se prevén algunas excepciones.

Precisamente, el Gobierno francés ha utilizado las excepciones previstas en la normativa europea de la distorsión del orden público y de la falta de recursos para llevar a cabo las expulsiones, retornos que deben llevarse a cabo, en cualquier caso, teniendo en cuenta la situación individual de cada persona y aplicando criterios de "proporcionalidad".

El ministro rumano del Interior, Vasile Blaga, denunció este fin de semana que ninguno de los gitanos repatriados de Francia a Rumanía estaban fichados por la policía francesa o rumana.

El Gobierno de Bucarest ha denunciado las expulsiones y ha afirmado que las expulsiones de rumanos por parte de Francia van "en contra del espíritu de la UE".

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