España logró ayer un acuerdo en el Consejo de Sanidad de la UE para sacar adelante su propuesta sobre movilidad de pacientes dentro de la Unión Europea, con la que pretende evitar que el "turismo sanitario" tenga un excesivo coste adicional para el sistema nacional de salud.

El acuerdo político de ayer supone un paso decisivo hacia la creación de un marco legislativo comunitario sobre los derechos de los pacientes para recibir asistencia médica en otros Estados miembros. "Hoy es un gran día para la construcción de un espacio común de Sanidad en la UE", afirmó en rueda de prensa la ministra española del ramo, Trinidad Jiménez, quien recordó que los Veintisiete negocian esta directiva desde hace cuatro años.

La propuesta concilia las competencias nacionales para la organización de los servicios sanitarios con los derechos de movilidad de los pacientes dentro de la UE y garantiza la calidad de los tratamientos recibidos en otros países, así como la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud, destacó Jiménez.

La principal novedad son las condiciones para evitar que el "turismo sanitario" conlleve un excesivo coste adicional para algunos países y proteger la calidad y seguridad de la atención médica recibida en otros Estados.

Como regla general, se establece que el país de residencia del paciente será el que deba sufragar su tratamiento.

Para equilibrar el coste que esto conlleva para los Estados miembros donde reside un número importante de pensionistas europeos, como es el caso de España, los países de origen de dichos ciudadanos pagan una compensación, recordó Jiménez.

No obstante, según la nueva propuesta, si un paciente decide volver a su país natal -o a aquél en el que esté afiliado a la Seguridad Social- para tratarse, sería este último el que se haga cargo de su coste, pese a que el ciudadano tenga su domicilio establecido en otro Estado miembro.

Si el ciudadano decide trasladarse a un tercer país de la UE para recibir atención médica, tendrá que pedir autorización al sistema sanitario de su Estado de residencia, que podrá concederla o no en función de sus criterios nacionales de seguridad y calidad.

Dicha autorización será imprescindible para tratamientos de enfermedades raras, que requieran el ingreso del paciente durante al menos una noche en un hospital o el empleo de material médico "de alta tecnología", como la radioterapia o el diagnóstico con positrones, como la tomografía por emisión de positrones (PET).

De este modo, se garantiza que el país de residencia y el Estado natal "son los que determinan y controlan" la movilidad de los pacientes, subrayó Jiménez.

El objetivo, destacó, es restringir los desplazamientos a otros países a casos que "sean por indicación médica o con proveedores claramente acreditados por el sistema nacional".

Los principales supuestos en los que no se requerirá ninguna condición previa son las consultas médicas, así como los tratamientos de urgencia de ciudadanos comunitarios al viajar a otros Estados europeos, cuyo reembolso siempre podrá ser reclamado por los pacientes en sus países originarios, aclaró la ministra. Según Jiménez, esta "definición más equilibrada de los derechos de reembolso" evita que la asistencia médica transfronteriza "suponga un coste" excesivo para los sistemas nacionales.

Para aprobar en otoño

Por su parte, el comisario europeo de Sanidad y Consumo, John Dalli, lamentó que el texto "no sea más innovador" y que no se haya redactado "con un lenguaje más claro". Tras el acuerdo político alcanzado ayer sobre la propuesta, los Veintisiete tratarán más adelante de negociar un texto común con el Parlamento Europeo. La nueva directiva sobre asistencia médica transfronteriza podría estar lista hacia el otoño.