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Internacional
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España se lava las manos ante el cerco de El Aaiún

El afán del Gobierno por no soliviantar a Marruecos, al que considera socio fundamental, ha colocado a los socialistas en una posición compleja y, según admiten en las filas del PSOE, muy difícil de entender por sus propias bases. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, hizo saltar ayer las alarmas cuando, desde la tribuna del Congreso, defendió que España poco puede hacer para evitar que las autoridades del país vecino bloqueen la entrada de informadores u observadores en El Aaiún. "No podemos negar -dijo- que la admisión en territorio forma parte del núcleo duro de la soberanía del país".

Minutos después, ya fuera del hemiciclo, el ministro matizó que en ningún caso había pretendido hacer un reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Pero para entonces, la noticia ya había saltado el Atlántico y había llegado a los oídos de la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, de gira por Bolivia y Ecuador. La jefa de la Diplomacia española trató de lanzar un capote a Jáuregui, que al fin y al cabo había tenido que dar la cara por ella en un asunto incómodo durante la sesión de control al Gobierno, y alegó que existe una prueba irrefutable de que el ministro simplemente había incurrido en un lapsus, que es la de que España no tiene en El Aaiún un consulado.

Eso se debe, según remarcó la ministra desde Quito, a que, "aunque constatamos, como el resto de países, la situación de control de ese territorio por parte de Marruecos no reconocemos internacionalmente que esa situación esté internacionalmente actualizada". Algo similar expuso Jáuregui en su intento de deshacer el entuerto. "En la actualidad es Marruecos quien determina, por su capacidad de administrar el territorio, quién entra y quién no entra", dijo.

Críticas de la oposición

Tanto el diputado del PNV Aitor Esteban -que fue quien cuestionó en el pleno la actuación del Gobierno en todo este asunto- como el coordinador de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, recordaron que España sigue siendo legalmente potencia administradora del Sahara y que, por lo tanto, tiene mucho que decir.

El PSOE se enfrenta así a un conflicto moral de envergadura porque, aunque son muchos quienes reconocen que lo que les pide el cuerpo es condenar sin paliativos acontecimientos como los vividos con el desmantelamiento violento del campamento en las afueras de El Aaiún, el Gobierno ha impuesto la prudencia a fin de preservar lo que, a su juicio, son intereses nacionales de primer orden que afectan a la seguridad de Estado.

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