El juez sudafricano Richard Goldstone todavía recuerda las pesadillas que le asaltaban cuando se imaginaba a sí mismo secuestrado por los extremistas palestinos para regocijo de los israelíes. Era la difícil posición de un judío, sionista declarado, al que la ONU encargó investigar los abusos cometidos durante 22 días de bombardeos en Gaza. Ayer la Asamblea General respaldó por 114 a 18 su petición de promover investigaciones independientes sobre esos "crímenes contra la Humanidad", pero sin el apoyo de España, que prefirió abstenerse.

No estaba sola. Otros siete países de la Unión Europea, a la que nuestro país había decidido seguir contra viento y marea, tienen que explicar también por qué no han dado su voto al informe de la ONU que Israel y EE. UU. tratan de enterrar.

"Lamentamos que haya sido así, porque hubiéramos querido votar un proyecto de resolución en los términos que habíamos sugerido a los proponentes -Palestina y al grupo árabe-", explicó ayer el embajador de España ante la ONU Juan Antonio Yañez-Barnuevo. "Hubo un momento en el que pareció que estábamos muy cerca y al final no pudo ser, qué le vamos a hacer", añadió.

El diplomático español aseguró que no había recibido ninguna presión por parte de EE. UU. o Israel, ni aproximación alguna, e insistió en que la postura española, "autónoma y propia", partió de la coherencia de estar con el mayor número posible de miembros de la UE.

"Los problemas principales estuvieron en la utilización de la expresión por la que se 'endosaba', así, total y en pleno, el informe que se votó en el Consejo de Derechos Humanos", explicó, "y en segundo lugar, por las referencias sucesivas de transferirlo al Consejo de Seguridad, porque consideramos que no ha llegado todavía el momento".

Decisiones vinculantes

A diferencia de la Asamblea General, las decisiones de ese órgano sí son vinculantes y pueden tener carácter punitivo, pero entre los cinco miembros con derecho permanente que lo controlan pocos tienen interés en sentar el precedente de que se tome acción contra las violaciones de Derechos Humanos. Rusia, que como España se abstuvo de apoyar el informe Goldstone, no querría que se le pidieran cuentas por sus acciones en Chechenia, y menos China.

Por su parte, Estados Unidos mantiene su fiel apoyo a Israel con el argumento de que la investigación de esos crímenes contra la población civil entorpecerían las negociaciones de paz que intenta impulsar. Los dos restantes, Francia y el Reino Unido, tampoco lideraron el bloque de la abstención europea.

Entre los que no sacrificaron el fondo del asunto destacaron Portugal, Irlanda y Suiza, mientras que en el lado contrario, Italia, Alemania, Holanda, Polonia y la República Checa se alinearon con Israel, EE. UU. y Australia.

Con todo, el informe Goldstone continúa su complicada andadura de depurar responsabilidades en la esfera internacional por unos bombardeos en los que murieron más de 1300 palestinos, de los cuales 300 eran niños, y 13 israelíes. Como parte de este "castigo colectivo" se destruyeron 200 fábricas, incluyendo la única de harina, 5.000 casas, la producción de huevos y gallinas y el sistema de agua potable. El secretario general tiene ahora tres meses para informar sobre la implementación del informe y enviarlo al Consejo de Seguridad.