El Tribunal Supremo de Rusia ha reabierto el debate sobre la aplicación de la pena de muerte aprovechando una ambigüedad legal que podría permitir su restablecimiento a partir del 1 de enero de 2010. Más de un 70% de los rusos está a favor de la aplicación de la pena capital, según reconoció el jefe de la organización Por los derechos humanos, Lev Ponomariov.

"Quizá deberíamos escuchar la voz del pueblo. Celebremos un referendo", propuso Alexandr Torshin, vicepresidente del Senado, partidario de su aplicación, pero solo en el caso de asesinato, y no en el de pedofilia o violación. Considera que Rusia debería seguir el ejemplo de Estados Unidos y aplicar la máxima pena en ciertas regiones, como las conflictivas repúblicas norcaucásicas, por el asesinato de miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Sobre la aplicación de la pena de muerte en Rusia pende desde 1996 una moratoria decretada por el entonces presidente Boris Yeltsin, condición impuesta por el Consejo de Europa para aceptar a Rusia en su seno. Ahora, el Supremo se ha dirigido al Constitucional en relación a una resolución que adoptó en febrero de 1999 por la que se garantiza a todos los condenados a la pena capital el derecho a ser juzgados por un jurado popular. Rusia vinculó en su momento la moratoria con la introducción de jurados populares en todos los entes federados del país, lo que ocurrirá el 1 de enero. Chechenia, la única república que aún no utiliza esa práctica, recurrirá a ella a partir del próximo año.