Décadas de pequeñas conquistas en algunas ciudades y estados norteamericanos para mantener a raya la venta de armas de fuego y reducir los altos índices de violencia asociados a su uso, quedaron ayer en papel mojado después de que el Tribunal Supremo determinara, en una decisión calificada de "histórica", que el derecho a portar armas, consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución, debe ser respetado plenamente en todo el territorio estadounidense.

En un apretado fallo de cinco votos contra cuatro, el juez conservador Samuel Alito indicó que la Carta Magna protege el derecho a poseer y portar armas "a efectos de defensa personal", limitando así la capacidad de los gobiernos estatales y locales de controlar la posesión de pistolas y revólveres. En su decisión, una de las más esperadas del año, el más alto tribunal de Estados Unidos revoca una prohibición de llevar armas implantada por Chicago y Oak Park (Illinois) hace 28 años.

Eterna división

Como ha venido sucediendo en otras votaciones clave en los últimos tiempos, el Supremo volvió a dividirse entre los cinco magistrados conservadores, favorables de extender el derecho a llevar armas, y cuatro liberales cuyas tesis es que hay margen legal para las restricciones.

Para llegar a su conclusión, los nueve magistrados de la corte escrutaron al milímetro la Segunda Enmienda de la Constitución que establece que, "siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas". Los partidarios de controlar su uso argumentan que la enmienda fue establecida para asegurar que los estados pudieran mantener milicias, en respuesta al miedo que padecieron durante el siglo XVIII de tener que hacer frente a un Gobierno federal todopoderoso. Mientras, los que están a favor del derecho a ir armados alegan que el artículo en cuestión otorga a los ciudadanos la potestad de portar armas para uso privado, incluido para la defensa propia.

Con su decisión, el Tribunal Supremo amplía a todo el país su histórica determinación de 2008, cuando señaló que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a tener armas, tanto para defenderse como para cazar, al declarar inconstitucional una de las leyes restrictivas más estrictas del país, la del Distrito de Columbia, que prohibía las pistolas en su jurisdicción desde 1976.

Los analistas interpretaron el nuevo fallo como una victoria sin precedentes de los poderosos 'lobbies' que defienden la libertad total de portar armas de fuego, que con sus campañas de publicidad millonarias y sus continuas acciones de presión en Washington han logrado altas cotas de legitimidad a su movimiento.

Después de la sentencia que anulaba la ley de Washington, los partidarios del derecho a ir armados registraron casi inmediatamente demandas en tribunales federales para desafiar la legislación de Chicago y de su suburbio Oak Park. Posteriormente, tribunales inferiores decidieron declarar constitucional estas leyes, indicando que los jueces se tenían que basar en precedentes emitidos por el Supremo y que correspondería al alto tribunal interpretar definitivamente la Segunda Enmienda.

La actual composición de la Corte Suprema venía insistiendo en la doctrina de que la mayor parte de las garantías en la Constitución no puede ser restringida por leyes estatales, locales y gubernamentales. Su decisión de ayer atizará de nuevo el debate y la polémica que existe en EE. UU. respecto a la posesión de armas.

Ese derecho es uno de los temas que más divide a la sociedad y el mundo político y jurídico del gigante norteamericano. Se calcula que unos 90 millones de estadounidenses poseen alrededor de 275 millones de armas. Se concluye así que EE. UU. tiene el porcentaje más alto de civiles armados, según las estadísticas.