El Supremo bloquea la posibilidad de demandar al gobierno de Bush
El mismo Supremo que convirtió a George W. Bush en presidente al bloquear el recuento de Florida impidió que se le pase factura a su fiscal general John Ashcrof y al director del FBI Robert Mueller.
En realidad el tribunal está todavía más a la derecha que entonces, gracias a los dos nombramientos de Bush, pero aún así la decisión resultó muy dividida, 5 a 4.
En el banquillo pedía justicia Javaid Iqbal, un musulmán paquistaní al que el FBI detuvo en su casa de Long Island durante la caza de brujas que siguió a los atentados del 11-S. Después de seis meses de malos tratos en una celda de aislamiento de Brooklyn fue puesto en libertad y deportado a Pakistán por cargos menores que nada tenían que ver con terrorismo.
Iqbal sostiene que ese trato respondía a discriminación por motivos religiosos y raciales, por lo que quiere demandar a quienes a su juicio diseñaron o condonaron esa política. El juez David Souter, que escribió la opinión disidente del tribunal, cree que al menos debería dársele la oportunidad de demostrar las acusaciones.
Pero la justicia sonríe al gobierno de W. Bush. Ahora que el departamento de Justicia ha desestimado la posibilidad de presentar cargos contra los abogados del presidente que determinaron la legalidad de las técnicas de tortura, algunos movimientos de izquierda intentan que por lo menos pierdan su licencia. Las doce asociaciones que forman la Velvet Revolution presentaron el lunes sus quejas éticas a los colegios de abogados de cuatro estados. En la picota están los mismos nombres que considera la Audiencia Nacional de Madrid, así como los tres fiscales generales de Bush.
