El Salvador asume el crimen de Óscar Romero

El Salvador ha dado un giro radical en su tradicional política en materia de Derechos Humanos al asumir, por primera vez, la responsabilidad del Estado en el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero en 1980, comprometiéndose a realizar las investigaciones y reparaciones del mismo, además de iniciar un diálogo nacional sobre la controvertida Ley de Amnistía General.

El Estado "declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades" las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboradas en 2000 en relación con el asesinato del religioso por los escuadrones de la muerte ultraderechistas, anunció ante una audiencia del organismo el director general de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales.

Esto supone el "inicio de una nueva etapa de diálogo en El Salvador por el Estado para avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones", aseveró en la sede del organismo en Washington.

Hace nueve años, la CIDH concluyó en un informe que en el caso del religioso el Estado salvadoreño era responsable de la violación del derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva previstos en la Convención Americana, así como del derecho a conocer la verdad de lo sucedido. Recomendó al Ejecutivo realizar una "investigación judicial completa, imparcial y efectiva" para "identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales" del asesinato de Romero.

Además, estableció que debía reparar a las víctimas y anular la Ley de Amnistía General, promulgada en 1993 tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, y que desde entonces protege los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992).

El Gobierno salvadoreño, en manos durante dos décadas de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se había negado reiteradamente a seguir las recomendaciones de la CIDH, argumentando que para mantener la paz era necesario renunciar a la posibilidad de hacer justicia tanto en el asesinato de Romero como en otros casos de violaciones de los Derechos Humanos durante el conflicto armado.

Una Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones Unidas había concluido que el fundador de Arena, Roberto D'Aubuisson, fue el autor intelectual del crimen del religioso el 24 de marzo de 1980, cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia.

Pero la postura oficial salvadoreña cambió el pasado viernes, con la representación en la sede de la CIDH en Washington de delegados del nuevo Gobierno de izquierdas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) del presidente Mauricio Funes. El nuevo mandatario asumió la Presidencia el 1 de junio asegurando que su Gobierno sería "guiado por el pensamiento de Romero", ante cuya tumba rezó antes de participar en la ceremonia de traspaso de mando.

Reparaciones

En materia de reparaciones, Morales anunció que se procederá a crear una comisión "plural y representativa" para ejecutar "en un plazo razonable" las propuestas de las oenegés que participaron en el proceso. Se trata de la construcción de una plaza estatal en homenaje a Romero y la realización de un vídeo "sobre su vida y legado moral espiritual" con el objetivo de "rescatar su invaluable aporte humanista y preservarlo para futuras generaciones".

La CIDH le recordó la necesidad de realizar una reparación económica a las víctimas, cuestión que el alto funcionario dijo que su Ejecutivo estudiará.

En cuanto a la investigación del asesinato y la derogación de la Ley de Amnistía, Morales explicó que el Gabinete de Funes se "coordinará" con el fiscal general de El Salvador y con el presidente de la Asamblea Legislativa para "introducir en la agenda actual" las recomendaciones de la CIDH para que sean consideradas "nuevamente". El delegado indicó que dichos contactos ya comenzaron en septiembre. Respecto a la anulación de la norma, Morales puntualizó que se trata de una cuestión que no está en manos del Ejecutivo, aunque manifestó su voluntad de promover un "diálogo nacional" para debatir su derogación.