El imán de Drancy, una de las ciudades de la periferia de París, se mostró partidario de prohibir por ley el velo islámico, como el burka o el niqab, y de que se niegue la nacionalidad francesa a las mujeres que lo lleven.

Hasen Chalghoumi, el imán de esta localidad con gran porcentaje de población inmigrante, asegura que, a diferencia del velo que solo cubre el cabello, el burka o el niqab (que prácticamente cubren por completo a la mujer) "no tienen ningún fundamento en el islam ni en el Corán".

En una entrevista al diario 'Le Parisien', este imán "atípico", como le presenta el periódico, se muestra totalmente de acuerdo con la aprobación de una ley que prohíba su uso porque "no tiene un lugar en Francia, donde las mujeres votan desde 1945". En opinión de Chalghoumi, de 36 años, nacido en Túnez pero que cuenta con la nacionalidad francesa, el burka representa una tradición "muy minoritaria". "Es una prisión para las mujeres, una herramienta de dominación sexista y de reclutamiento islámico", agrega.

Por ello, además de pedir su prohibición, este imán es partidario también de que las mujeres que lo lleven no puedan acceder a la nacionalidad francesa, tal como ha propuesto el secretario general de la gubernamental Unión por un Movimiento Popular (UMP), Xavier Bertrand.

"Tener la nacionalidad francesa implica querer compartir la vida en sociedad, en la escuela, en el colegio (...). Y con una tela en la cara, ¿qué pueden compartir estas mujeres con nosotros?", se pregunta.

Las que quieran seguir llevando un velo de esas características, "que se vayan a vivir a un país donde sea esa la tradición, como Arabia Saudí".

Las declaraciones de este imán salieron ayer a la luz, un día después de que el presidente de la comisión parlamentaria que estudia las posibles medidas para regular en Francia el uso del burka, el diputado André Gerin, adelantara que este grupo parlamentario va a proponer su prohibición absoluta en lugares públicos.

Destituyen a un juez italiano

Por otra parte, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) de Italia destituyó ayer al juez Luigi Tosti por no haberse negado a celebrar audiencias entre mayo de 2005 y enero de 2006 por culpa del crucifijo que suele presidir las salas de los tribunales italianos.

Así, Tosti se negó durante meses a celebrar audiencia hasta que no fuera retirado el crucifijo, comportamiento que le ha costado la destitución del orden judicial, según comunicó ayer la sección disciplinar del CSM. El año pasado, el Tribunal Supremo había anulado la sentencia que condenaba al magistrado a siete meses de reclusión por omisión de actos de oficio.

En un primer momento, la Justicia condenó su comportamiento porque suponía la interrupción de un servicio público, pero finalmente, el Supremo anuló esta sentencia porque las audiencias que Tosti se negó a dirigir habían sido encargadas a otros jueces sustitutos y, por lo tanto, no comportaron la interrupción del servicio judicial.

El caso se parece al de Soile Lautsi, una madre italiana que en 2002 emprendió una batalla legal para conseguir que la escuela de sus hijos retirara el crucifijo de las aulas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció a su favor el pasado noviembre.