El Gobierno de facto de Honduras aseguró ayer que una solución al conflicto estaba cerca y anunció que levantará las severas restricciones a las libertades en el país, en medio de divisiones sobre cómo resolver la crisis por el derrocamiento de Manuel Zelaya. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, declaró que los diferentes sectores sociales están buscando una salida. "Veo que rápidamente estamos llegando a una solución, que es lo que todos estamos esperando", dijo Vásquez, figura clave en el golpe de Estado del 28 de junio.

Aunque no hizo precisiones, el máximo jefe militar hondureño aseguró que hay procesos de diálogo en marcha que podrían desembocar en una pronta solución a la crisis. Subrayó que las Fuerzas Armadas recomiendan el diálogo y que se han tomando las medidas necesarias para evitar que el país se pueda "desangrar".

El reciente endurecimiento de las medidas tomadas por el presidente de facto, Roberto Micheletti, provocó el rechazo mundial y señales de divisiones e inquietud entre miembros del Congreso, propietarios de grupos de prensa y empresarios, que creen que el Ejecutivo golpista fue demasiado lejos al suspender varias garantías constitucionales.

Ramón Velasques Nazar, vicepresidente del Congreso, explicó que temían que las medidas empeorasen una crisis que un grupo de influyentes empresarios hondureños sugirió resolver con la restitución de Manuel Zelaya como presidente con facultades restringidas y la llegada de una fuerza militar multinacional. El plan de los empresarios prevé que Zelaya, quien permanece refugiado en la Embajada brasileña desde que volvió por sorpresa a Honduras hace ocho días, se someta a la Justicia para que responda por los cargos que se le imputan.

Micheletti anunció que convocará al Consejo de Ministros para derogar el decreto a través del que suspendió durante 45 días las garantías constitucionales (restringió las libertades de circulación y expresión, y prohibió las reuniones públicas, entre otras medidas). El anuncio estuvo precedido por una reunión con dirigentes del Congreso que le pidieron que restituyera los derechos para no afectar el proceso electoral en que se debe elegir un nuevo presidente, renovar el Parlamento y los distintos gobiernos municipales. El Ejecutivo de facto también ha clausurado dos medios de comunicación afines a Zelaya.

Por otro lado, el Gobierno admitió que visite el país, la semana próxima, una misión de cancilleres latinoamericanos que busca una salida pacífica a la crisis.

Mientras, seguidores del depuesto Manuel Zelaya volvieron a concentrarse en la Universidad Pedagógica de Tegucigalpa en lo que calificaron de "acto de desafío" al decreto del Gobierno de facto. Rodeados de nuevo por un fuerte cerco policial, aunque en un clima de menor tensión, cientos de personas se reunieron sin incidentes en el punto en que los seguidores de Zelaya han comenzado habitualmente las marchas.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, consideró que la crítica situación de Honduras se ha agravado con la declaración del estado de excepción. "Estoy muy preocupado por la situación en Honduras. El estado de emergencia incrementa las tensiones", dijo en una rueda de prensa, en la que calificó de "inaceptables" las amenazas a la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Estados Unidos, en palabras de su embajador en Honduras, Hugo Llorens, instó al Ejecutivo de Micheletti a restablecer "inmediatamente" las garantías constitucionales, y criticó a quienes "instigan a la violencia" porque "dañan" al pueblo hondureño. Y el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, mediador en el conflicto, pidió a la comunidad internacional que evite aislar a Honduras. También envió un mensaje a Tegucigalpa: insistir en celebrar elecciones bajo las actuales circunstancias, despreciando el Acuerdo de San José, e impedir el ejercicio de los derechos fundamentales pone en riesgo el reconocimiento electoral para devolverle su estatus internacional.