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EE. UU.

El Congreso respalda el traslado de prisioneros de Guantánamo a territorio estadounidense

La Cámara de Representantes votó este jueves a favor de permitir al Gobierno estadounidense llevar a territorio estadounidense a presuntos terroristas encarcelados en el centro de detención de la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, para someterlos a juicio.

La propuesta, aprobada por 307 votos a favor y 114 en contra, elimina muchos obstáculos a los que el Gobierno se enfrenta para cumplir con su compromiso de haber cerrado el centro de detención para enero de 2010.

Ahora la medida, incluida en un proyecto de ley que establece la financiación del Departamento de Seguridad Interior para el presente año fiscal con 42.800 millones de dólares, debe ser refrendada por el Senado antes de que el presidente, Barack Obama, pueda promulgarla.

Los republicanos argumentaban que el hecho de permitir que presuntos terroristas sean juzgados en tribunales estadounidenses puede suponer un riesgo para la seguridad del país, además de extender la protección legal con la que cuentan los estadounidenses a personas que, a su juicio, no la merecen. Pero sus intentos de impedir la aprobación de la medida han fracasado.

Obama ordenó el cierre de la polémica prisión en su segundo día en el cargo y dio un plazo de un año para hacerlo, pero desde entonces han surgido numerosos obstáculos legales, políticos y diplomáticos. Tampoco han sido fáciles las cosas en el Congreso, pese a que el Partido Demócrata controla ambas cámaras.

Muchos congresistas se han opuesto a los planes del Gobierno para internar a presuntos terroristas en cárceles de Estados Unidos porque temen que puedan promover más atentados, y el Congreso ha negado en varias ocasiones el dinero que necesita el Ejecutivo para cerrar Guantánamo --donde aún hay 220 presos-- hasta que no presente un plan detallado.

La propuesta aprobada por la Cámara de Representantes permitirá el traslado de los presos a Estados Unidos sólo en el caso de que vayan a ser juzgados en tribunales de este país. Además, el Gobierno deberá presentar una evaluación de los riesgos y avisar con catorce días de antelación.

Por otro lado, el Pentágono tendrá la capacidad de impedir la publicación de fotografías que muestren los abusos sufridos por los sospechosos de terrorismo, como ya han hecho los medios de comunicación al revelar varios escándalos de este tipo.

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