El juicio en París contra el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, que tiene que responder del lavado del equivalente a 2,3 millones de euros procedentes del narcotráfico, comenzó en medio de una gran expectación de medios de comunicación.

Noriega, con 76 años y bastante disminuido físicamente, se sienta en el banquillo por los mismos hechos por los que ya fue condenado en su ausencia a diez años de cárcel por la justicia francesa en 1999.

El antiguo hombre fuerte de Panamá se encontraba entonces encarcelado en Florida, donde ha pasado 20 años entre rejas, desde que Estados Unidos le capturó tras invadir Panamá en los últimos días de 1989.

Este nuevo proceso ante el Tribunal Correccional de París, que va a durar hasta el miércoles, es consecuencia de que Noriega rechazó la pena que Francia le impuso en rebeldía, una vez que fue extraditado el pasado 27 de abril.

Desde esa fecha, ha permanecido detenido en la prisión de La Santé de la capital francesa, al desestimarse todas las demandas de liberación de sus abogados, quienes no han dejado de insistir en primer lugar en que debería beneficiarse de inmunidad porque los hechos que se le reprochan los cometió cuando era jefe de Estado.

Sus letrados, entre los que figura Olivier Metzner -uno de los penalistas más reputados de Francia-, también habían reclamado infructuosamente que su condición de prisionero de guerra se tradujera en unas condiciones de arresto privilegiadas.

Panamá se ha constituido en acusación particular en este nuevo proceso a Noriega y va a reclamar una indemnización para compensar los daños materiales pero, sobre todo, los de la imagen del país.

En la primera sentencia de 1999, el país centroamericano -tras haber reclamado cerca de 58 millones de euros (más de 71 millones de dólares)- se tuvo que conformar con una indemnización simbólica.

Panamá pidió a Francia oficialmente la extradición de Noriega el pasado día 4 para cumplir la condena a 20 años de cárcel por la muerte del opositor Hugo Spadafora en 1989, y podrían seguir otras demandas por otras penas que también tiene pendientes.

Sin embargo, el Gobierno francés ya ha advertido de que el militar panameño tiene que saldar cuentas primero con la justicia francesa y sólo entonces se podría plantear su entrega a Panamá, para lo cual además debería recibir el visto bueno de Estados Unidos, que se lo extraditó con esa condición.