Calderón promete en Ciudad Juárez un plan social para luchar contra el crimen organizado

El presidente mexicano Felipe Calderón metió la pata en Japón al asegurar que la ejecución de 18 jóvenes estudiantes y deportistas que celebraran un cumpleaños en Ciudad Juárez el pasado 31 de enero fue una lucha de pandillas. Su gobierno pidió disculpas. Este jueves lo hacía el mandatario con hechos. En esa capital fronteriza devastada y arruinada por el crimen organizado anunció un plan de impacto social para frenar el caldo de cultivo de la violencia que se origina con la pobreza, la falta de educación y la marginación, sin renunciar por ello a la presencia militar.

El proyecto se llama "Plan Intervención Juárez". Está dotado con unos 170 millones de euros y combatirá la delincuencia desde un nuevo frente: fomentar la educación creando más escuelas, atender las adicciones, frenar la pobreza de las familias y el desempleo, factores que inciden en el aumento de la inseguridad. El gobernante avaló su compromiso haciéndose acompañar en su tercera visita a esa ciudad, totalmente blindada por la seguridad, por siete ministros y el Procurador General de la República.

El objetivo de Calderón al asumir su mandato en el 2006 fue combatir la violencia desplegando 40.000 militares en las zonas más calientes del país. La presión del ejército y la policía contra los grandes carteles narco agitó el avispero. La reacción fue un terrible aumento de los enfrentamientos, las ejecuciones y los asesinatos.

Amplios sectores de la sociedad mexicana critican que las armas, lejos de controlar la situación, han dejado un saldo de casi 18.000 muertos en tres años. El presidente rechazó el argumento anteayer: "Contra lo que algunos, equivocada o malintencionadamente han dicho, la violencia en esa ciudad no obedece a la presencia de las fuerzas federales".

Explicó que envió a las Fuerzas Armadas como respuesta al pedido de los poderes locales que se vieron "totalmente rebasados" por la criminalidad y la disputa "violenta e irracional" del narco.

Y en esa espiral de sangre, Ciudad Juárez se lleva la palma.

Muchos de los 4.500 muertos, 2.657 solo en el 2009, son víctimas inocentes, como los estudiantes que murieron acribillados en enero.

Calderón aseguró el miércoles en un acto público: "los habitantes de Ciudad Juárez deben saber que no están solos". Avanzó que los militares se mantendrán "hasta que logremos reconstruir la autoridad y efectividad de las policiales locales, principales responsables de la seguridad de la entidad y del municipio".

Pero los juarenses ya no pueden más. Diarios locales sostienen que miles de familias han huido dejando cientos de casas abandonadas, "más de 10 mil 600 negocios de todos los giros y tamaños han cerrado, mientras que decenas más fueron quemados de modo intencional". Los valientes o insensatos que se quedan deben lidiar diariamente con el riesgo del secuestro y la extorsión o de no quedar en medio de un fuego cruzado.

Soledad Máynez, presidenta de la Asociación de Maquiladoras (AMAC), reprocha la apatía de las autoridades ante los "momentos difíciles" que han vivido. "Por menos de esto que hemos aguantado, en cualquier otra ciudad del país ya hubieran quemado hasta presidencias municipales, pero no hemos reaccionado así porque los juarenses somos gente pacífica, trabajadora, que hoy exigimos que esto se acabe", indicó.

Según Federico Ziga Martínez, presidente de empresarios gastronómicos, "vivimos un estado de emergencia y necesitamos recursos extraordinarios para superar esta crisis generada en medio de la guerra contra el narcotráfico".

Calderón se los concedió este jueves. Ahora hace falta que lleguen en tiempo y forma. El alcalde José Reyes Ferriz dijo que el dinero ataca el fondo del asunto. "Los programas sociales tienden a convertirse en una alternativa para enfrentar la delincuencia". Ojala funcione.