El Tribunal Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin

La corte emite la orden bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso. 

St. Petersburg (Russian Federation), 17/06/2022.- (FILE) - A large screen shows Russian President Vladimir Putin at the plenary session of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in St. Petersburg, Russia, 17 June 2022 (reissued 21 February 2023). Russian troops on 24 February 2022, entered Ukrainian territory, starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. One year on, fighting continues in many parts of the country. (Rusia, Ucrania, San Petersburgo) EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET (FILE) RUSSIA UKRAINE CONFLICT ANNIVERSARY
Vladimir Putin, presidente de Rusia.
ANATOLY MALTSEV

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

El TPI también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, ha hecho saber la corte en un comunicado.

La corte entiende "motivos razonables" para creer que Putin "tiene responsabilidad penal individual" por estos delitos, bien por su comisión "directa" o por haber sido incapaz de "ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".  

El Kremlin ha desmentido constantemente que esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Según el Gobierno ucraniano al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto mientras que un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba al menos 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.

Las órdenes de arresto de este viernes representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI, Karim Khan. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.

Rusia se desentiende de una orden "legalmente nula"

El Gobierno ruso ha anunciado que se desentiende por completo de la orden de arresto al entender que se trata de una instrucción "legalmente nula" dado que el país no reconoce a la corte.

"Rusia no es parte del Estatuto de Roma y no tiene obligaciones en virtud del mismo", ha recordado la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, en declaraciones publicadas en el canal de Telegram de la cartera.

Dado que el país se retiró del mencionado estatuto en 2016 -sobre un texto que firmó, pero nunca ratificó-, "Rusia no coopera con este organismo y cualquier posible 'orden' de arresto que proceda de esa corte es legalmente nula y carece de valor", ha sentenciado la portavoz. 

Pocas posibilidades de ser juzgado

La posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es prácticamente imposible por varios motivos: la corte no puede atender casos 'in absentia' del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.

Sin embargo, el TPI sí que está capacitado, como mínimo, para imputar a Putin, dado que no reconoce la inmunidad para los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra, crimen contra la Humanidad o genocidio.

Como nota particular, el TPI ha hecho un caso excepcional al identificar por nombre a Putin y Lvova-Belova, contra de la doctrina habitual que favorece el anonimato, al indicar que "el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos", particularmente el de la deportación infantil forzada, "que todavía continúa".

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