Europa no castiga la sedición o prevé penas menores, pero es dura si se ataca al Estado
Repaso a los códigos penales de los países del entorno español, en plena controversia por la reforma del delito que encarceló a los líderes del 'procés.
La reforma del delito de sedición, y también el de rebelión, es un viejo anhelo del Gobierno para rebajar el conflicto político en Cataluña. Hace dos años el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en el Congreso que era un compromiso para adecuarla "a nuestra realidad actual y al marco normativo de la Unión Europea". Pese al trabajo del ministerio, la modificación penal que corrió paralela a la concesión de los indultos a los presos del 'procés' quedó aparcada en verano de 2021. Se justificó en que ya no era prioritaria y que el objetivo era la recuperación económica.
La reforma que rebajaba la pena actual - de 10 a 15 años de prisión para la autoridad pública- quedó guardada en un cajón hasta que se presentó otra oportunidad política: la necesidad de atraer a Esquerra Republicana para sacar adelante los próximos presupuestos generales.
La iniciativa legislativa entró en conflicto con la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, reactivada tras la dimisión de su presidente Carlos Lesmes. Pero la carta con la que jugaba el Gobierno para contentar a su socio catalán ha resultado ser el foco de la ruptura del acuerdo judicial con el partido de Alberto Núñez Feijóo.
El Ejecutivo mira la tipificación de la sedición o en otros países europeos para cargarse de razones. En líneas generales, estas naciones no castigan este delito como en España, aunque incluyen en sus códigos penales otros tipos conexos contra el orden público con penas, eso sí, menores. En cambio, cualquier ataque al orden constitucional con violencia, caso de la rebelión, prevé consecuencias más duras.
Alemania
1.- ¿Existe el delito de sedición? Si existe, ¿qué regula? Si no, ¿qué figura jurídica puede ser comparable, si la hay, a la regulación del delito española?
Alemania se vio confrontada con el delito de sedición a raíz de la detención de Carles Puigdemont en marzo de 2018. Ingresó en prisión y se abrió el procedimiento de extradición por los delitos de rebelión, el equivalente alemán a la sedición, y malversación de fondos. El expresidente catalán quedó en libertad bajo fianza y la Audiencia del land de Schleswig Holstein desestimó la acusación de rebelión porque "no se apreció (en Cataluña en otoño de 2017) una violencia suficiente como para poner en peligro a las instituciones del Estado (español)". El delito más cercano a la sedición sería el de alteración del orden público, que requiere el uso de violencia y se penaliza con tres años de cárcel o multa.
2.- ¿Cómo se persiguen y condenan los eventuales alzamientos contra el Estado de Derecho y el orden constitucional?
El delito de alta traición o rebelión puede acarrear entre diez años de prisión y cadena perpetua, pero siempre bajo el requisito de que se haya producido un alzamiento acompañado de violencia y que esta haya puesto en peligro la seguridad del Estado, la integridad nacional y el orden constitucional. La mera "intención" de promover la rebelión sin capacidad de lograr sus fines no entra en esta consideración.
3.- ¿Se contempla constitucionalmente la posibilidad de que un territorio se segregue del Estado? Si existiera, ¿en qué términos? ¿Está permitida la participación política de partidos independentistas?
La participación de partidos independentistas no está prohibida en Alemania. En el land de Baviera, el de mayor sentido de identidad propia, existen varios partidos minoritarios que aspiran a la independencia. Ninguno de ellos tiene representación parlamentaria, ni siquiera a escala regional. En 2017, el Tribunal Constitucional estableció, en respuesta a una demanda de un ciudadano bávaro, que un land no tiene derecho a celebrar un referéndum de independencia porque una posible secesión vulneraría la Constitución.
Italia
1.- ¿Existe el delito de sedición? Si existe, ¿qué regula? Si no, ¿qué figura jurídica puede ser comparable, si la hay, a la regulación del delito española?
En Italia no existe el delito de sedición en el Código Penal, aunque sí se castiga la "reunión sediciosa", esto es, los encuentros de varias personas con el objetivo de romper el orden público. Prevé penas de un año de cárcel.
2.- ¿Cómo se persiguen y condenan los eventuales alzamientos contra el Estado de Derecho y el orden constitucional?
Además de varios artículos que condenan los actos de "devastación" y de "interrupción de un servicio" contra el orden público, el Código Penal prevé condenas de doce años de cárcel para quienes cometan actos violentos dirigidos a someter el territorio italiano o una parte de él a la soberanía de un país extranjero, o que pretendan acabar con la unidad del Estado. El artículo que se ocupa de defender la integridad territorial fue modificado en 2006, añadiendo la exigencia de la violencia para consumarse. La Liga Norte proclamó en 1996 la independencia de la Padania, la hipotética región que integraría la parte norte del país, y organizó un referéndum ilegal al año siguiente. Sus dirigentes fueron juzgados y resultaron absueltos o condenados a pagar una multa.
3.- ¿Se contempla constitucionalmente la posibilidad de que un territorio se segregue del Estado? Si existiera, ¿en qué términos? ¿Está permitida la participación política de partidos independentistas?
La Constitución italiana proclama en su artículo cinco la "unidad e indivisibilidad" de la República, lo que cierra la puerta a que un territorio se segregue si no se reforma antes la Constitución. Una iniciativa defendida por partidos de Cerdeña, Sicilia o Véneto, así como la mencionada Liga Norte.
Bélgica
1.- ¿Existe el delito de sedición? Si existe, ¿qué regula? Si no, ¿qué figura jurídica puede ser comparable, si la hay, a la regulación del delito española?
El delito de sedición no se recoge en el Código Penal. Sí existe, en cambio, el delito de rebelión, que se asemeja a los delitos de atentado y resistencia a la autoridad de España. Esta infracción incluye todo ataque, resistencia con violencia o amenaza contra funcionarios que actúan en ejecución de las leyes y las resoluciones judiciales. La pena varía dependiendo de si la formación del grupo rebelde es fortuita -de uno a cinco años de prisión si portan armas y de tres meses a dos años en caso de que no- u organizada, que prevé penas de cinco a diez años si van armados y de uno a cinco si no.
2.- ¿Cómo se persiguen y condenan los eventuales alzamientos contra el Estado de Derecho y el orden constitucional?
Las acciones que tengan como objeto destruir o cambiar la forma del Gobierno o las instituciones del Estado, así como las acciones que pongan en peligro al Rey o la Familia Real se castigan de 20 a 30 años de prisión.
3.- ¿Se contempla constitucionalmente la posibilidad de que un territorio se segregue del Estado? Si existiera, ¿en qué términos? ¿Está permitida la participación política de partidos independentistas?
Bélgica es un estado federal compuesto por las regiones de Valonia, Flandes y Bruselas, que tienen cierta autonomía, pero no se contempla su separación del Estado. Existen movimientos independentistas en Valonia y Flandes. El partido de extrema derecha Vlaams Belang defiende la independencia de la primera región y cuenta con 18 escaños en la Cámara de Representantes. Está, además, el movimiento 'rattachista' o reunionista, que busca la integración de las regiones francófonas en Francia.
Francia
1.- ¿Existe el delito de sedición? Si existe, ¿qué regula? Si no, ¿qué figura jurídica puede ser comparable, si la hay, a la regulación del delito española?
El Código Penal contempla el delito de rebelión y el de atentado o resistencia, pero no el de sedición como tal. Ambos hacen referencia a actos de carácter violento. El primero va contra el orden público y la autoridad y el segundo, contra las instituciones y la integridad territorial .
2.- ¿Cómo se persiguen y condenan los eventuales alzamientos contra el Estado de Derecho y el orden constitucional?
La rebelión se castiga con dos años de prisión, pero si se comete en grupo se eleva a tres años. La rebelión armada, dependiendo de si se hace en solitario o en grupo, alcanza una pena de entre cinco y diez años de prisión. Por su parte, el atentado es castigado con una pena de 30 años de prisión y si es cometido por una autoridad pública podría ser castigado con cadena perpetua.
3.- ¿Se contempla constitucionalmente la posibilidad de que un territorio se segregue del Estado? Si existiera, ¿en qué términos? ¿Está permitida la participación política de partidos independentistas?
El artículo 1 de la Constitución afirma que la República francesa es "indivisible". El presidente de la República es el garante de la independencia y la integridad territorial. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a discutir un estatuto de autonomía para Córcega, pero para ello sería necesaria reformar la Constitución.
Reino Unido
1.- ¿Existe el delito de sedición? Si existe, ¿qué regula? Si no, ¿qué figura jurídica puede ser comparable, si la hay, a la regulación del delito española?
Las leyes de sedición, que prohibían cualquier acto, discurso o publicación realizados con un propósito sedicioso, fueron abolidas en 2009 por el entonces gobierno laborista de Gordon Brown. Se consideraron "delitos obsoletos" en un país donde prevalece la libertad de expresión. El Gobierno argumentó que las leyes de sedición británicas "se usaban activamente", como referente en otras jurisprudencias para reprimir la disidencia política y restringir la libertad de prensa. La Agencia Nacional del Crimen pidió aclaraciones a España cuando el Supremo pidió la extradición de la política Clara Ponsatí por supuestos cargos de sedición.
2.- ¿Cómo se persiguen y condenan los eventuales alzamientos contra el Estado de Derecho y el orden constitucional?
No se conocen "alzamientos" contra el Estado de Derecho y el orden constitucional en Reino Unido en tiempos modernos.
3.- ¿Se contempla constitucionalmente la posibilidad de que un territorio se segregue del Estado? Si existiera, ¿en qué términos? ¿Está permitida la participación política de partidos independentistas?
En el Estado existe el derecho a la autodeterminación desde que el gobierno organizó un referéndum en Irlanda del Norte en marzo de 1973 con el fin de que el electorado decidiera si deseaba continuar dentro del Reino Unido o reintegrarse en la República de Irlanda. Esa primera consulta sobre una posible escisión de las naciones británicas sirvió de referente -y de precedente, según argumentan algunos- para el referendo independentista que el Gobierno conservador de David Cameron acordó celebrar en Escocia en 2014. La cuestión se debate actualmente en los tribunales, con la petición del abogado general de Escocia para que el Supremo del Reino Unido decida si reside en el Parlamento escocés el derecho de convocar un nuevo referendo.
