El Gobierno cubano clausura internet e incomunica la isla para abortar las protestas

El tiempo no cuenta en Cuba. Particularmente cuando lo que está juego es la supervivencia de la revolución que liderase Fidel Castro hace ya 62 años. Y si algo desafía la lentitud con la que se mueve la isla es la velocidad de internet, a la que el Gobierno cubano abrió las puertas renuentemente y cerró de golpe el domingo sobre las dos de la tarde, cuando las protestas más importantes que se hayan producido en la isla desde el Periodo Especial en 1994 se propagaron como la pólvora por Facebook y otras redes sociales.

Aparte de aquel 'maleconazo', como se le conoció en tiempos de Fidel, nadie se había atrevido a manifestarse masivamente en las calles al grito de "¡libertad!" y "¡abajo la dictadura!". El estallido no fue en el centro de La Habana o Santiago, las dos ciudades más importantes de la isla, si no en el pequeño poblado de San Antonio de los Baños, a las afueras de la capital, a la que se dirigió ese mismo día el presidente, Miguel Díaz-Canel, para pedir la calma.

Pero cansada de los largos apagones eléctricos que sufre Cuba desde que dejó de fluir el petróleo de Venezuela y se agudizaron las sanciones de Donald Trump, la población más desfavorecida salió a las calles a exigir luz y vacunas. Simultáneamente las protestas se multiplicaron en lugares tan distantes como Palma Soriano y Alquízar.

Buscaban luz y vacunas, aunque pronto salieron a relucir las muchas necesidades que tiene desde siempre la población, recrudecidas desde que el coronavirus secó la fuente del turismo internacional. Según el Gobierno, la isla pasó drásticamente el año pasado de 4.2 millones de turistas a solo un millón, mientras que la pandemia disparó los gastos de un Estado donde la sanidad es gratuita y tratar a un enfermo de covid cuesta 4165 dólares al día o 13.045 en cuidados intensivos.

Todos estos detalles y muchos, muchísimos más los dio este lunes el propio presidente Díaz-Canel y su Gabinete en una larga conferencia de prensa que duró cuatro horas y media, en línea con el discurso récord de Fidel Castro en la ONU. El tiempo es lo único que aún sobra en Cuba.

Los ministros del nuevo presidente que ha heredado el régimen de los hermanos Castro explicaron con lujo de pormenores las averías que han dado pie a los cortes de luz, admitiendo que se debe en buena parte a la falta de mantenimiento de los equipos, pero también a la sobrecarga de las plantas con combustibles de generación térmica que ya no llegan y les obligan a invertir las pocas divisas de las que dispone en la compra de barcos de diesel. Con la llegada del verano el aire acondicionado ha disparado el consumo y no hay medios para alimentar las centrales eléctricas.

El Gobierno cubano ingresó el año pasado 2.413 millones de dólares menos que en 2019 y todo indica que este año tendrá todavía menos, pero los cubanos que llevan más de medio siglo apretándose el cinturón no están dispuestos a perder más la cintura. Díaz-Canel reconoció que entre los manifestantes había "algunas personas con insatisfacciones legítimas y revolucionarios confundidos", a los que calificó de "irresponsables" por agruparse en época de pandemia. Sin embargo, atribuyó el grueso de las protestas a violentos y "mercenarios pagados desde EE UU". Y contra estos prometió "aplicar la ley" con severidad.

Filas en las comisarías

La hilera de mujeres que esperaban este lunes a las puertas de las comisarías para recibir noticias sobre la suerte de sus maridos e hijos detenidos daba fe de que las protestas fueron violentamente reprimidas. Entre los agredidos se encontraba el fotógrafo español de la agencia France Press Ramón Espinosa, aunque el presidente cubano habló de periodistas extranjeros agredidos por los violentos que "apedrearon a fuerzas de la Policía, viraron un carro e irrumpieron en tiendas de divisas (que venden productos en dólares)" de donde, según él, "lo que menos se robaron fueron alimentos".

El octavo secretario el Partido Comunista Cubano, Rogelio Polanco Funetes, lo comparó con la situación de Venezuela en 2019, que considera una guerra no convencional para forzar un cambio de régimen. Y aunque el Gobierno isleño admite el desabastecimiento de alimentos y medicinas hace votos de no dejar llegar "ayuda injerencista".

Nadie duda de los efectos devastadores que está teniendo la pandemia en la frágil economía del país, pero el Gobierno atribuye el grueso de la culpa a Estados Unidos y, en particular, a las 243 medidas adicionales con las que Donald Trump endureció el bloqueo, que no han sido derogadas por su sucesor. "La pandemia lleva aquí 16 meses, el bloqueo más de 60 años", recordó.

La Casa Blanca que dirige ahora Joe Biden respondió a las protestas con un comunicado en el que exigía al Gobierno cubano que respete el derecho de sus ciudadanos a manifestarse y le pedía que los escuche. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla tachó a las autoridades de Washington de cínicas y les pidió que escuchen el clamor del pueblo y del mundo que demanda el fin del bloqueo.

Con esas cuatro horas y media de conferencia de prensa Díaz-Canel pretendía dar pruebas de no liderar "un Gobierno en crisis" al borde del abismo, pero la tensión se cortaba este lunes con cuchillo en La Habana, donde sus habitantes preferían no salir de casa. La falta de internet en los móviles hacía difícil que se repitieran las protestas del domingo, pero muchos creen que será difícil volver a meter al genio dentro de la botella.

La corresponsal del ABC, detenida por informar

La corresponsal del periódico ABC, Camila Acosta, fue detenida este lunes cuando salía de su casa para hacer un trámite personal. Horas antes había cubierto las protestas en La Habana y ya el domingo sufrió el bloqueo de whatsapp y de internet, una estrategia del régimen para que no trascienda lo que sucede en la isla. La situación se mantenía ayer, lo que impedía que pudiera contactar con el diario madrileño.

No es la primera vez que esta corresponsal es detenida por el régimen por sus informaciones críticas. También ha sufrido el repudio social, que le ha obligado a cambiar varias veces de domicilio al ser revocados sus contratos de alquiler por los caseros, víctimas de las presiones. Acosta tampoco puede salir de la isla al estar 'regulada', lo que supone un castigo contra los que hacen declaraciones incómodas en el exterior sobre el Gobierno.

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