Un ex niño soldado, condenado a 25 años de cárcel por 61 crímenes de guerra

El ugandés Dominic Ongwen ha sido hallado culpable de la comisión de 61 crímenes de guerra y de lesa humanidad, y condenado por el Tribunal Penal Internacional a 25 de años de prisión. Este comandante del Ejército de Liberación del Señor, la milicia de Joseph Kony, se ha librado de la cadena perpetua por su condición de niño soldado. Además de su implicación en casos de asesinato, intento de asesinato y tortura, la sentencia declara probada su culpabilidad en caso de esclavitud sexual, matrimonio forzado y violación de siete mujeres que retuvo en su vivienda.

La Corte ha tenido en cuenta que el reo, de 45 años, fue secuestrado cuando tan solo contaba nueve por esta banda y que creció dentro de la organización hasta convertirse en uno de sus principales líderes.

El Ejército de Liberación del Señor alcanzó una proyección internacional gracias a las redes sociales en 2021. La ONG Invisible Children difundió un documental en el que mostraba los estragos de esta banda en el norte del país africano, donde llevaba a cabo 'razzias' que finalizaban con el rapto de menores para enrolarlos en sus filas. Curiosamente, la fama de Kony llegó cuando ya hacía tiempo del fin de sus fechorías.

La condena contra Ongwen alude a incursiones armadas, fechadas en 2004, contra cuatro campos de desplazamientos internos en Uganda y recoge el testimonio de 4.000 testigos. El acusado es también conocido como la Hormiga Blanca porque su apellido significa 'nacido en la época de la hormiga blanca' en lengua acholi. Su captura muestra la deriva de este grupo, que ha errado por Sudán del Sur, norte de Congo y la República Centroafricana, donde fue detenido en 2015 por milicianos 'seleka'.

El Ejército de Liberación del Señor, inspirado en el fundamentalismo bíblico, comenzó su insurrección en 1987 con el objetivo de instaurar un Estado teocrático en el norte de Uganda. Su lucha contra el Ejército pronto devino en una vasta estrategia del terror contra la población. Las operaciones guerrilleras se saldaron con 40.000 secuestros y el desplazamiento de 1,8 millones de habitantes. Sus últimos remanentes permanecen en la República Centroafricana sobreviviendo de la minería ilegal y la caza furtiva.