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Queman vivo a un hombre acusado del supuesto robo de un vehículo en Bolivia

En ocasiones, quienes cometen los linchamientos se justifican por la "justicia comunitaria", reconocida en la Constitución boliviana de 2009.

Autoridades de Potosí investigan el caso "para establecer responsabilidades y esclarecer los hechos".
Autoridades de Potosí investigan el caso "para establecer responsabilidades y esclarecer los hechos".
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Una turba humana quemó vivo a un hombre al que acusaba de robar, supuestamente, un vehículo en una localidad rural de la región boliviana de Potosí, suceso en el que también resultó herida una mujer señalada como cómplice del linchado.

"Tiene que investigarse, se tiene que dar con los autores. Hay instituciones que tienen que hacer prevalecer la justicia", dijo el nuevo gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, a los medios.

El suceso ocurrió este miércoles en una comunidad del municipio de Pocoata, al norte de Potosí, donde el hombre, de 27 años, y la mujer, de 24, fueron retenidos por más de dos centenares de personas quienes les acusaron de haber robado un vehículo, según la prensa local.

La muchedumbre llevó hasta una cancha a la pareja donde primero la golpeó y luego roció con gasolina al hombre para prenderle fuego acto seguido.

La mujer resultó herida y con algunas quemaduras cuando la Policía pudo rescatarla con la mediación de la Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo de la localidad de Llallagua.

Esta entidad condenó en un comunicado "los actos de violencia y justicia por mano propia" que acabaron con la muerte del joven camino a un centro de salud por las quemaduras.

El coordinador defensorial de Llallagua, César Villca, citado en el comunicado, recordó que la Constitución boliviana "garantiza el derecho a la vida", que "no existe la pena de muerte en el ordenamiento jurídico vigente" y que "la justicia por mano propia no es característica de un Estado de Derecho".

Los linchamientos son relativamente habituales en zonas rurales y algunos barrios periurbanos de Bolivia.

En ocasiones, quienes cometen los linchamientos se justifican por la "justicia comunitaria", reconocida en la Constitución boliviana de 2009, pero las autoridades han explicado de forma reiterada que ese sistema judicial no admite castigos brutales ni la pena de muerte.

Las autoridades nacionales y organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, han mostrado su preocupación por estos actos que la Policía no ha logrado frenar, ya que muchos tienen lugar en zonas en las que apenas hay agentes que puedan enfrentarse a las turbas. 

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