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golpe de estado

La junta birmana declara ilegal al Gobierno formado por diputados electos

El CRPH ha hecho un llamamiento a la desobediencia civil y ha declarado "grupo terrorista" a la junta militar, tras la represión que ha dejado al menos 250 manifestantes muertos.

Protestas contra la represión militar en Yangon (Birmania)
Protestas contra la represión militar en Yangon (Birmania)
LYNN BO BO

La junta militar de Birmania (Myanmar) ha declarado ilegal este lunes al "Gobierno civil" formado en la clandestinidad por diputados electos tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, mientras continúan las protestas a pesar de la represión.

Según la orden publicada este lunes en el medio oficialista Global New Light of Myanmar, las autoridades acusan al prodemocrático Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH, sigla en inglés), también conocido como el "Gobierno civil", de amenazar "el Estado de derecho, la paz y la estabilidad" del país.

Previamente, la junta militar acusó de alta traición a algunos miembros del CRPH, incluido su representante especial ante la ONU, Sasa, quien usa solo un nombre como otros muchos birmanos y quien se encuentra en el exilio.

El CRPH, formado por cerca de una veintena de parlamentarios elegidos en las elecciones del pasado noviembre, fue creado pocos días después del golpe militar liderado por el jefe del Ejército, el general Min Aung Hlaing.

La mayoría de sus miembros son políticos de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, así como algunos representantes de las minorías étnicas.

Unas de sus primeras decisiones fue confirmar en sus cargos al presidente, Win Myint, y la Consejera de Estado, Suu Kyi, quienes se encuentran detenidos por las autoridades junto con más de 2.200 prisioneros políticos arrestados por los uniformados.

El CRPH ha hecho un llamamiento a la desobediencia civil y ha declarado "grupo terrorista" a la junta militar, conocida oficialmente como Consejo de Administración Estatal, tras la represión que ha dejado al menos 250 manifestantes muertos.

Además, el "Gobierno civil" ha contratado al bufete de abogados Volterra Fietta para llevar a la junta birmana ante la justicia internacional, un ambicioso procedimiento legal que llevará el letrado español Álvaro Nistal.

Entretanto, los birmanos continúan saliendo a las calles a diario para protestar contra los militares a pesar de la represión, que incluye el uso de gases lacrimógenos, munición real, detenciones arbitrarias y supuestas torturas.

Los militares justifican el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó la LND de Suu Kyi, como ya hizo en 2015, y que fueron dados por buenos por los observadores internacionales. 

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