medioambiente
Activistas por la vida, rostros y voces de la violencia en Honduras y Guatemala
Mujeres y hombres se enfrentan en Honduras y Guatemala a las amenazas de muerte mientras luchan en sus territorios para proteger los ríos, los bosques y las montañas que sostienen el ciclo de la vida. Este proyecto ha sido organizado por la Asociación Entrepueblos y financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Guatemala y Honduras son dos de los países más ricos del planeta en bienes naturales. Pero la avidez por la extracción de sus riquezas por parte de empresas nacionales y extranjeras parece condenar a sus poblaciones a vivir en las sociedades más desiguales y violentas. En este reportaje, que forma parte de un proyecto organizado y financiado por la Asociación Entrepueblos, se muestran los rostros y las voces de activistas que luchan colectivamente en sus territorios para proteger los ríos, los bosques y las montañas, que sostienen el ciclo de la vida no solo para sus comunidades sino para toda la humanidad. Son mujeres y hombres que se enfrentan a las amenazas de muerte permanentes de gobernantes corruptos, empresarios depredadores y pistoleros sin escrúpulos. Sus testimonios nos advierten de que, agotando los bienes naturales y la biodiversidad, estamos socavando las mismas bases de nuestra propia supervivencia. Las relaciones de solidaridad que la Asociación Entrepueblos ha entretejido durante décadas con las comunidades y organizaciones defensoras de los derechos humanos, de mujeres, de los pueblos originarios y de la naturaleza, han sido fundamentales para desarrollar estos testimonios.
En Guatemala existen –últimos datos del Ministerio de Energía y Minas de 2018– 339 licencias mineras vigentes y otras 419 en trámite. Es el cuarto país exportador de azúcar en el mundo y el segundo de aceite de palma en América, con más de 165.000 hectáreas sembradas y un incremento en la exportación de un 586% en los últimos veinte años.
A pesar de que en los Acuerdos de Paz firmados en 1996 se incluyeron mecanismos de protección de los derechos humanos de los pueblos originarios y de que sus gobernantes han ratificado importantes tratados y convenios internacionales de defensa de los indígenas, en los últimos cuatro años se han registrado 1.641 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, un 61% contra activistas indígenas. Además, en los últimos cinco años se han reportado 4.008 muertes violentas de mujeres y 318.246 denuncias por violencia contra las mujeres.
Honduras es el tercer país más desigual del mundo, tan solo por detrás de Sudáfrica y Haití. De cada lempira que circula, unos 90 centavos acaban en las manos de las 250 familias oligárquicas –ahora aposentadas en los negocios financieros–, que dominan el país junto con las transnacionales. Las más influyentes transnacionales que operan en el país son de origen estadounidense, ya que Honduras se caracteriza por la enorme presencia económica, política y militar de los Estados Unidos. La institucionalidad corrompida –o la corrupción institucionalizada– es el marco de fondo que permite y alienta todo un entramado de negocios ilícitos hasta los más altos niveles.
El despojo territorial, el cambio climático, la falta de perspectivas económicas y la violencia hacen que dos de los nueve millones de la población hondureña vivan fuera del país –principalmente en Estados Unidos y en el estado español–. Mientras, en Honduras, un 66% vive en situación de pobreza, del cual un 40% lo hace en la indigencia.
Tras el golpe de estado de 2009, se aprueban en Honduras una serie de leyes a medida para que las transnacionales extractivistas puedan "desarrollar el país". Se da luz verde a 384 proyectos mineros, que afectan a casi 350.000 hectáreas, a pesar de que entre el 2000 y el 2015, la minería contribuyó en menos del 1% al PIB y fue el sector con menos ocupación creada. Los cultivos de palma africana ocupan más de 300.000 hectáreas y consumen la misma cantidad de agua que 18 millones de personas –en Honduras viven 7 millones–. En los últimos años se han aprobado 48 proyectos de grandes represas hidroeléctricas, además de varios proyectos con grandes infraestructuras turísticas en tierras ancestrales indígenas. En el 2017, se registraron 389 feminicidios y, desde 2010, han muerto más de 120 activistas ambientales, según la ONG británica Global Witness, que declaró que «Honduras es el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental».
GUATEMALA
Marcela Chacach (Los Pajoques, Guatemala) nació el 19 de junio de 1979 y tiene cuatro hijos de entre 23 y 10 años. Es una lideresa cachiquel de la Comunidad Loma Alta, una de las doce aldeas del municipio de San Juan Zacatepéquez, que se han organizado para luchar contra una cementera. "La empresa Cementos Progreso, con capital suizo, llegó a nuestro territorio en 2006, corrompió a la directiva comunitaria y compró las tierras necesarias a un finquero para empezar a desarrollar el proyecto. El alcalde municipal decidió otorgar el permiso de explotación y construcción sin contar con los ciudadanos. Se hizo una consulta en contra de la voluntad del alcalde. El resultado fue muy claro: 8.044 personas votaron en contra y solo cuatro a favor".
Rosalina Tuyuc (San Juan de Comalapa, Guatemala) nació el 14 de octubre de 1956 y tiene cinco hijos. Su padre, Francisco Javier Tuyuc, está desaparecido desde julio de 1982 y su esposo, Rolando Gómez, desde mayo de 1985. Esta indígena cachiquel fundó en 1988 la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua). En 1995 se convirtió en la primera diputada maya cachiquel del Congreso de la República y ejerció como vicepresidenta de la institución. El 21 de junio de 2018, Día Nacional de la Desaparición Forzada en Guatemala, se inauguró el memorial Paisajes de la Memoria, donde se guardan las osamentas de 172 personas sin identificar asesinadas durante los años ochenta en el destacamento militar. Otras 48, sí pudieron ser identificadas y entregadas a sus familiares.
Bernardo Caal (Cahabón, Guatemala) nació el 13 de enero de 1972 en Sepos Semococh, la última de las 196 aldeas del municipio de Santa María Cahabón, y es padre de dos hijas. Este dirigente comunitario maya quekchí, al que se le conoce como el guardián de los ríos, fue condenado el viernes 9 de noviembre de 2018 a siete años y cuatro meses de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz, por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado durante unas protestas ocurridas hace tres años contra las hidroeléctricas Oxec. "Con mi sentencia, el Ministerio Público se ha plegado a los intereses de las empresas que nos están despojando de la tierra y quitando el agua. No cometí ninguno de los delitos de los que se me acusa".
HONDURAS
Rosalina Domínguez nació el 23 de setiembre de 1970 en Río Blanco (departamento de Cortés). Tiene once hijos (ocho mujeres y tres varones) de entre 31 años y 2 años. Esta indígena lenca es tesorera del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). "El río Gualcarque iba a ser utilizado para construir una represa y una hidroeléctrica por parte de la empresa DESA (Desarrollo Energético S. A.). Se paralizó tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2017. En el juicio, se acusó al Estado de concesión ilegal. El 15 de julio de 2013 fue asesinado Tomás García, auxiliar de la comunidad y miembro del Copinh. La empresa le había ofrecido 20.000 lempiras (unos 740 euros) y él se negó a aceptarlo. Un mes después, un militar en activo lo mató e hirió a su hijo".
Ramón Santiago Matute Ávila nació en 1972 en San Francisco Campo (departamento de Yoro). Este indígena tolupán pertenece al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Su padre, José Salomón Matute, de 77 años, y su hermano Juan Samuel Matute Ávila, de 23 años, fueron asesinados en febrero de 2019. "Mi padre y mi hermano, igual que yo, recibían constantes amenazas de muerte y eran beneficiarios de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El asesino, emparentado con mi padre, quería las tierras para vendérselas a los terratenientes. Llevábamos años distanciados por este tema. Los títulos de propiedad comunitarios están legalizados en el Archivo Nacional desde 1864. Me quieren matar a mí también".
Miriam Miranda nació el 9 de agosto de 1963 en Santa Fe (departamento de Colón). Tiene dos hijos de 24 y 18 años. Es Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) desde 2008. "Honduras ha jugado un papel estratégico y experimental en Centroamérica y es el patio trasero de Estados Unidos para generar guerras de baja intensidad, golpes blandos y procesos antirrevolucionarios. Actuamos como una colonia económica, militar y estratégica. Nuestro país se ha convertido en un importante lugar de tránsito del narcotráfico. Es un Estado fallido, que lleva desde 2009, fecha del golpe de Estado, aprobando leyes de hidrocarburos, minería y turismo, que han permitido entregar el país al capital transnacional".
VIOLENCIA SEXUAL
En 2011, la fiscalía de Guatemala recibió una denuncia sobre lo ocurrido en 1982 y 1983 en el destacamento Sepur Zarco, localizado en El Estor, departamento de Izabal. Al menos 15 indígenas quekchíes fueron detenidas, violadas y esclavizadas durante seis meses. Algunos de sus maridos y familiares desaparecieron o fueron asesinados. Los delitos cometidos, al ser considerados de lesa humanidad, no prescriben aunque hayan pasado más de tres décadas.
El juicio se inició el 1 de febrero de 2016 en la Sala de Vistas de la Corte Suprema y ante un triunvirato, integrado por las juezas Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y el juez Gerbi Sical. En la acusación figuraban el Ministerio Público y una serie de organizaciones no gubernamentales fundamentalmente de mujeres. Las víctimas se presentaron en el juicio con sus trajes indígenas y con las caras y las cabezas cubiertas para no ser reconocidas.
En sus declaraciones finales ante el tribunal, Demecia Yat, quien habló en representación de todas las víctimas y sobrevivientes de Sepur Zarco, afirmó: "Hemos venido a decir la verdad y hemos dicho la verdad. Hemos escuchado a los acusados negarse a aceptar lo que han hecho, pero nos preguntamos, ¿entonces, dónde están nuestros maridos?".
Más de tres semanas después, la jueza Yasmin Barrios aseguró haber comprobado que entre 1982 y 1983, las mujeres quekchíes habían sido violadas en el destacamento militar, en sus casas y en el río. También sufrieron, además de violencia sexual, esclavitud doméstica.
El tribunal dictó severas sentencias de más de cien años de cárcel para los dos militares juzgados por violencia y esclavitud sexuales y asesinatos. El caso de Sepur Zarco se convirtió en el primero en el que un tribunal nacional en todo el mundo condenaba a los responsables de esclavitud sexual durante un conflicto armado y describió la violencia sexual contra las indígenas maya quekchíes como parte de una estrategia deliberada del ejército de Guatemala.
Rosa Elvira Coc Ix nació el 9 de enero de 1985 y tiene una hija. Elvira Choc Chub nació el 7 de marzo de 1981 y tiene cuatro hijos. Luisa Caal Chun nació el 15 de setiembre de 1967 y tiene nueve hijos. Irma Choc Cac nació el 16 de febrero de 1976 y tiene tres hijos. Margarita Caal Caal nació el 28 de marzo de 1972 y tiene seis hijos. Las cinco, de origen maya quekchí, fueron violadas en grupo junto a otras seis mujeres el 17 de enero de 2007 durante el desalojo forzoso de la comunidad Lote 8 (municipio de Panzón, departamento de Alta Verapaz) por el personal de seguridad de la empresa minera canadiense, policías y militares. Cuatro años después, el 28 de marzo de 2011, se atrevieron a presentar una demanda civil en Toronto (Canada) contra la empresa minera canadiense.
"El 9 de enero de 2009, unos helicópteros sobrevolaron en vuelo rasante la comunidad al mismo tiempo que llegaban a la aldea todoterrenos con guardias de seguridad de la empresa minera canadiense HMI Nickel, dueña del proyecto Fénix, ubicado en las orillas del Lago Izabal y desarrollado a través de la empresa subsidiaria guatemalteca, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Los hombres de la aldea se encontraban trabajando fuera de la comunidad, a unas dos horas de distancia. Los guardias iban acompañados por policías nacionales y soldados. Nos amenazaron y dieron una orden: “Preparen arroz y frijoles”. Se comieron la comida y quemaron algunas casas.
El 17 de enero volvieron de nuevo. Éramos unas noventa mujeres y creemos que nos violaron a todas porque nadie pudo escapar de la encerrona. No se lo contamos a nadie, ni siquiera a nuestros familiares. Dejamos pasar unos tres meses hasta que lo confesamos en una reunión de la comunidad. Algunos de nuestros maridos se molestaron. Y se siguen molestando hoy cuando damos testimonios y contamos lo ocurrido.
El desalojo fue autorizado por el Gobierno guatemalteco, pero concluimos que en Guatemala no iban a escuchar a las once mujeres violadas que nos atrevimos a poner una denuncia. Nunca se realizó ninguna investigación ni acción judicial por estos crímenes. Por ello, presentamos la querella en Canadá. Dos de nosotras fuimos llamadas a declarar en 2012 y en 2017 acudimos las once.
Nuestro objetivo es evitar que nos vuelvan a hacer daño. La empresa ha utilizado la estrategia de dividir a la comunidad. Crearon el bulo de que habíamos recibido dinero por viajar a Canadá. Hemos sufrido amenazas por parte de la empresa para que abandonemos el caso judicial. Nuestros maridos han sufrido represalias y no consiguen trabajo. En los juicios, los abogados de la empresa siempre han tratado de confundirnos.
Nos preguntaban cómo éramos capaces de distinguir la indumentaria o el logotipo de la empresa si no sabíamos leer ni escribir. Pero nunca les tuvimos miedo. Es verdad que hay días que nos gustaría dejarlo. Nos desaniman las tensiones con nuestros maridos. Pero mucha gente nos ha animado a seguir la lucha y conseguir la condena en Canadá. Nosotras sufrimos las violaciones y nadie podrá hablar en nuestro nombre. No abandonaremos, aunque nos maten".
